En medio de una grave crisis social, la oposición intentará sacar una ley para aumentar el presupuesto en comedores comunitarios. Desde el Gobierno, han anunciado que no trabarán la iniciativa.
Hablar de hambre en Argentina, un país productor de alimentos como pocos en el mundo, ha incomodado siempre a todos los gobiernos. Esta vez, le toca al del presidente Mauricio Macri, quien llegó al poder en diciembre de 2015 bajo la promesa de alcanzar la «pobreza 0», un anhelo que en términos concretos ha quedado más lejos que en el inicio de su gestión.
Llegando al final de su mandato, y luego de una contundente derrota electoral en las elecciones primarias de agosto, la oposición presentó un proyecto de ley en Diputados para declarar la «emergencia alimentaria», con el objetivo de incrementar los insumos en comedores comunitarios y escolares de todo el país, y ampliar los programas de asistencia hasta 2023. Se trata de un reclamo que las organizaciones sociales han hecho escuchar presionando en las calles desde hace varios meses, con movilizaciones y ollas populares —varias de ellas reprimidas por la Policía—, ante la creciente demanda de personas que no pueden acceder a un plato de comida.
Las estadísticas oficiales sobre pobreza e indigencia en el país sudamericano permiten a simple vista trazar un panorama de gravedad en cuanto al deterioro social de las clases menos favorecidas en los últimos cuatro años. Según las cifras dadas a conocer en marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2018 la pobreza alcanzó al 23,4 % de los hogares y al 32 % de las personas; mientras la indigencia afectó a 6,7 % de la población. Ya son datos muy desactualizados: con la histórica devaluación del peso que hubo en agosto —que se traslada directamente en un aumento de precios, principalmente en alimentos—, se anticipa un mayor índice de pobreza para la primera mitad de 2019.
Niños y adultos reciben asistencia en un comedor comunitario de Buenos Aires, Argentina, el 3 de abril de 2019. / Agustin Marcarian / Reuters
Ante este contexto, los legisladores opositores lograron el pasado lunes unificar un proyecto de ley para declarar la ‘emergencia alimentaria’, que será tratado este jueves en una sesión especial en el Congreso.
El texto propone «un incremento de emergencia como mínimo del 50 % de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición». Y apunta a «cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza».
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