Nuevo Sur
El expresidente y candidato por CC calificó de persecución
judicial la determinación de arraigar a Adrián Oliva quien es aliado político
de su agrupación con miras a las elecciones.
El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC),
Carlos Mesa, criticó a la justicia ordinaria en Bolivia por lo que considera
una persecución judicial en contra del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que
fue arraigado por el caso de compra de cemento asfáltico para el tramo vial
Santa Ana-Yesera.
«En estos días el gobernador de Tarija está siendo acusado
de manera absolutamente injusta y es víctima de una persecución judicial que no
podemos aceptar. No podemos aceptar una justicia, que además de corrupta y ser
militante en el gobierno del MAS, lo que hace es perseguir a los compatriotas
que no piensan como ellos», expresó Mesa que tiene a Oliva, como un aliado
político de cara a las elecciones del 20 de octubre.
El candidato por CC se encuentra por el Chaco tarijeño cómo
parte de su campaña y habló desde orillas del río Pilcomayo, donde se reunió
con el pueblo guaraní. A su criterio, cuando uno cree en la democracia tiene
que respetar a los demás.
Asimismo, Mesa cuestionó la gestión del exgobernador
interino, Lino Condori, del MAS, que ocupó ese cargo tras la suspensión del
electo gobernador Mario Cossío a finales del 2010.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Héctor Arce,
desvirtuó que haya móviles políticos en el arraigo nacional que emitió un juez
al gobernador de Tarija, Adrián Oliva, por la compra irregular de cemento
asfaltico para una obra concluida.
«Deben llevarse adelante los procesos con toda garantía,
aquí no hay ningún tema político como he escuchado algunas declaraciones que
han hecho, si hubiera temas políticos tendríamos pues que también tener temas
políticos contra nuestros alcaldes, hay más de una decena de nuestros alcaldes
procesados, muchos de ellos apresados del Movimiento Al Socialismo», dijo a los
periodistas.
Arce pidió a los operadores de justicia trabajar con la
mayor «responsabilidad y equilibrio», y que jamás vayan a torcer la balanza a
favor de nadie.
«Aquí se trata de esclarecer los casos, donde hay corrupción
sancionarla con todo el peso de la ley y quien nada debe nada teme, aquí no hay
ninguna intencionalidad de ninguna naturaleza y por supuesto están las
garantías para el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido
proceso al que tienen derecho todos los ciudadanos y autoridades», agregó.
El jueves, el juez cautelar segundo en lo Penal, Gustavo
Taboada, emitió el arraigo nacional para el gobernador, Adrián Oliva, por la
compra de cemento asfaltico para una obra ya concluida, la Fiscalía señala que
existiría un posible daño económico de cerca de 700.000 bolivianos.
Compra de cemento asfáltico
El Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de Tarija dictó
el jueves arraigo y otras medidas sustitutivas en contra del gobernador
tarijeño. El Ministerio Público ve que se produjo un daño económico de Bs
700.000 por la compra de cemento asfáltico para la construcción del tramo
carretero Santa Ana-Yesera. Oliva, fue cautelado por los delitos de contratos
lesivos al Estado.
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