También, aclaró que el problema no se generó a partir del
Gobierno Regional más bien es una responsabilidad de la Gobernación
Departamental que en su momento no hicieron las gestiones pertinentes ante la
Asamblea Legislativa Departamental para ratificar el convenio gubernativo para
el ejercicio de competencias concurrentes, en este caso salud y por ende es la
única entidad responsable que los profesionales en salud hayan quedado desamparados
y sin ingresos durante muchos meses; en tal sentido, pidió a esa institución
manifestarse y atender la demanda, a la que considera muy justa.
Así, señaló que Adrián Oliva como gobernador y Paúl
Castellanos como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes-Tarija)
deben dar la cara y responder por los errores que cometieron al no haber
presupuestado los recursos inscribiendo la partida para recibir las
transferencias que realiza el Gobierno Regional en favor del programa de
fortalecimiento al sector salud.
En esas condiciones, aclaró que los recursos existen en el
Gobierno Regional, lo que no hay es el mecanismo legal que permita cancelar
directamente a los profesionales. A estas alturas, este tema tendría solución
sólo con la aprobación de una Ley Financial que vaya a crear incrementar
partida 10000 tanto en el Gobierno Regional como en el presupuesto de la
Gobernación de Tarija.
“Quien tiene tuición en el tema es la Gobernación
Departamental a través del SEDES Tarija, ellos no han garantizado ni realizado
el registro del presupuesto; por estos errores que son omisiones e incluso
incumplimiento de deberes, se necesita una Ley nacional”, concluyó.
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