El Gran Chaco/
El plazo del proceso de transición entre la Gobernación de Tarija y el
Gobierno Regional venció el 30 de junio sin resultado positivo alguno, por lo
que la máxima autoridad de la región del Gran Chaco debe activar mecanismos
legales amparados bajo la Ley 079.
María René Barrios,
vicepresidenta de la Asamblea Regional, en conferencia de prensa, informó que
fueron convocados por el Ejecutivo Regional a la capital del departamento para
el viernes 28 de junio, donde tenía que presentarse el informe de comisiones
del proceso de transición, pero lamentablemente no ocurrió aquello, porque representantes
del Viceministerio de Autonomías no se hicieron presentes a dicha reunión como
parte mediadora de este proceso, sin embargo en dicho encuentro, los asistentes
informaron que no hubo avances en el proceso y eso preocupa a los asambleístas
que piden asumir acciones legales, para consolidar el proceso de la autonomía.
El Gobierno Departamental se
había hecho presente en dicha reunión, pero al no existir la presencia de
representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de quienes esperaban su presencia para
explicar sobre la intervención de la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) en el
Gran Chaco, abandonaron la reunión haciendo un acta que no fue firmada por
ninguno de los asistentes.
“No hubo ningún trabajo técnico,
lamentamos que no estén las instituciones mediadoras para poder culminar este
trabajo que empezó con la falta de voluntad del ejecutivo departamental, Adrián
Oliva, que es realmente con el que más quejas tenemos, porque los de la
Gobernación Regional asistieron a las reuniones que hemos convocado e incluso
el propio ejecutivo transitorio, pero no pasó aquello con Adrián Oliva”, dijo
Barrios, haciendo mención que ahora desconocen el plazo para culminar el
proceso de transición.
La Vicepresidenta pidió al presidente de la Asamblea
cursar una nota al ejecutivo Regional, José Quecaña, para que active los
mecanismos legales en contra de la Gobernación de Tarija, por incumplimiento de
deberes, porque el acta firmado con anterioridad fue incumplida por las
autoridades departamentales y eso pone en susceptibilidad a la región, porque
no saben hasta cuándo se ampliará el plazo o habrá el congelamiento de cuentas
de ambas gobernaciones.
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