Con el censo carcelario realizado sólo en Yacuiba, advirtieron que en
el Centro de Readaptación de El Palmar, existen alrededor de 300 privados de
libertad de sexo masculino y 15 de sexo femenino, de los cuales un 70 por
ciento no cuenta con sentencia y están detenidos preventivamente, algunos por
más de tres años, lo cual preocupa a la Defensoría del Pueblo y pide
celeridad en los casos, para evitar el
congestionamiento en las cárceles.
Este censo carcelario se efectuó en todo el país entre el 10 y 12 de
abril, por disposición del Ministerio de Justicia, lo cual permite observar las
falencias en la justicia y con ello, tratar de subsanar los problemas que
existen en los centros penitenciarios.
De igual forma Paredes, refirió que tuvieron algunas dificultades al
interior del Centro de Readaptación de El Palmar, con autoridades del recinto,
porque no permitían la socialización de la Ley de Indulto y Amnistía, para los
privados de libertad, con lo cual se vulnera la Ley 870, que dispone el ingreso
y actuaciones de la Defensoría a cualquier lugar de acogida o centros
penitenciarios, esto no sería la primera vez que ocurre, sino la segunda, por
lo cual enviaron las respectivas cartas a la máxima autoridad de la policía.
Por otro lado, informó que una persona de sexo masculino, a quien las
autoridades judiciales le otorgaron un mandamiento de libertad, lamentablemente
las autoridades del Centro de Readaptación de El Palmar, observó que no tenía
cédula de identidad, por lo que no lo dejaron salir de la cárcel, por el simple
hecho de no contar con este documento.
“Durante el trabajo del censo carcelario, encontramos un privado de
libertad, que habría recibido un mandamiento de libertad el jueves 11 de abril,
con el proceso de descongestionamiento, donde acudieron autoridades judiciales,
pero hasta el 12 de abril a horas 16:00, el privado de libertad aún se
encontraba en su celda, por supuestamente no tener la cédula de identidad y
esto por disposición de la autoridad del Centro de Readaptación de El Palmar,
hasta que esta persona no saque su respectiva cédula de identidad”, enfatizó
María Yaneth Paredes, coordinadora del Defensor del Pueblo.
Se trata de una persona de escasos recursos económicos y sin familia,
que no podía salir de la cárcel para hacer el trámite de la cédula de
identidad, ante esta situación, inmediatamente la Defensoría tomó acciones en
base a la carta de libertad que tenía esta persona, con lo que lograron la
libertad inmediata.
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