El gobernador regional, José Quecaña, dispuso que los responsables de la canasta alimentaria del adulto mayor y el paquete alimentario de personas con discapacidad deriven la documentación de los procesos de contratación y adquisición a Auditoría y Contraloría General del Estado Plurinacional.
El instructivo de llevar adelante las auditorias busca terminar con las especulaciones y transparentar un proceso que se ajustó a la normativa legal y contó con el debido control social. En ese sentido, cada programa, especialmente el de la canasta del adulto mayor, entregará toda la documentación que respalda, paso a paso, los procedimientos desarrollados para adquirir los productos alimenticios.
De ese modo, la población podrá conocer la verdad sobre la administración de los recursos públicos en programas sociales, que benefician a los sectores vulnerables y que fueron ejecutados con prioridad, de acuerdo a lo establecido por el Decreto de la emergencia sanitaria del coronavirus.
La autoridad señaló que, a pesar de una campaña en contra de su administración, la gente no tiene que estar triste, considerando que su gestión logró captar más de 1000 millones de bolivianos para ejecutar proyectos macro; además, afirmó que, luego de un trabajo arduo en el área de salud, ha llegado el momento de abrir el hospital Fray Quebracho para atender el Covid con terapia intensiva.
Asimismo, recordó que encontró una entidad sin recursos para nuevas obras; sin embargo, su administración tuvo la capacidad de captar recursos de otras fuentes de financiamiento. “A los políticos que afirman que no hicimos nada, les decimos ahí está los mercados de Barrio Nuevo y San Gerónimo, el tecnológico, la terminal, el matadero, las presas, la doble vía, las viviendas y mucho más”, afirmó.
“Cuando mentimos perdemos. Nadie niega el derecho a la fiscalización, la Asamblea Regional inició varios procesos, presentamos nuestros descargos y salimos bien, todas de estas especulaciones terminarán porque vamos a transparentar el proceso de contratación”, acotó.
Finalmente, Quecaña aclaró que todo el proceso de contratación y adquisición fue acompañado por los representantes de los sectores beneficiarios y que la verdad saldrá a relucir luego de que procedan las auditorías que van a ser implementadas por las instancias que tienen competencia en el asunto.
El instructivo de llevar adelante las auditorias busca terminar con las especulaciones y transparentar un proceso que se ajustó a la normativa legal y contó con el debido control social. En ese sentido, cada programa, especialmente el de la canasta del adulto mayor, entregará toda la documentación que respalda, paso a paso, los procedimientos desarrollados para adquirir los productos alimenticios.
De ese modo, la población podrá conocer la verdad sobre la administración de los recursos públicos en programas sociales, que benefician a los sectores vulnerables y que fueron ejecutados con prioridad, de acuerdo a lo establecido por el Decreto de la emergencia sanitaria del coronavirus.
La autoridad señaló que, a pesar de una campaña en contra de su administración, la gente no tiene que estar triste, considerando que su gestión logró captar más de 1000 millones de bolivianos para ejecutar proyectos macro; además, afirmó que, luego de un trabajo arduo en el área de salud, ha llegado el momento de abrir el hospital Fray Quebracho para atender el Covid con terapia intensiva.
Asimismo, recordó que encontró una entidad sin recursos para nuevas obras; sin embargo, su administración tuvo la capacidad de captar recursos de otras fuentes de financiamiento. “A los políticos que afirman que no hicimos nada, les decimos ahí está los mercados de Barrio Nuevo y San Gerónimo, el tecnológico, la terminal, el matadero, las presas, la doble vía, las viviendas y mucho más”, afirmó.
“Cuando mentimos perdemos. Nadie niega el derecho a la fiscalización, la Asamblea Regional inició varios procesos, presentamos nuestros descargos y salimos bien, todas de estas especulaciones terminarán porque vamos a transparentar el proceso de contratación”, acotó.
Finalmente, Quecaña aclaró que todo el proceso de contratación y adquisición fue acompañado por los representantes de los sectores beneficiarios y que la verdad saldrá a relucir luego de que procedan las auditorías que van a ser implementadas por las instancias que tienen competencia en el asunto.
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