Enilda Rosemary Díaz Cayo, como afectada, informó que el viernes en la noche llegó un camión con mercadería a su vivienda, pero a denuncia realizada por algunos vecinos, la policía DELTA llegó al lugar y procedió a realizar el allanamiento además de secuestrar el camión y los productos que se encontraban al interior, por ser de contrabando.
Según la afectada, los policías ingresaron a la vivienda directo a realizar este allanamiento pero sin la orden de un fiscal, por lo que denunció que los efectivos policiales ingresaron ilegalmente a su domicilio, sin embargo la entrevistada asintió que efectivamente al interior del camión había productos de primera necesidad pero de contrabando.
“Directamente esa mercadería es de contrabando, era para distribuir al Mercado Campesino para distribuirlo entre los comerciantes y no era mucha cantidad, es un delito lo sé, pero para llegar a abastecer a la población uno tiene que ver la forma como llegar a ganar unos pesos”, expresó la ciudadana.
Según declaraciones del chofer, quien no brindó su nombre, estos productos de contrabando fueron recogidos del galpón de la Sede de la Asociación de Bagalleros, ubicado en San José de Pocitos, algo que llama poderosamente la atención, situación que sucedería de manera diaria y no hay ninguna autoridad policial que controle estas acciones ilegales.
Una vez realizado este allanamiento, los efectivos policiales pidieron al chofer que traslade el camión hasta dependencias de la EPI 4 (Estación Policial Integrado), donde aparentemente iban a “arreglar” el asunto, sin embargo una vez que llegaron al lugar y luego de varias horas, los policías señalaron que el camión debería ser trasladado hasta dependencias de la Aduana Nacional a lo que el chofer se negó rotundamente.
Sin embargo, el mencionado motorizado fue llevado a dependencias de la Aduana Nacional, donde actualmente se encuentra secuestrado y se inició una investigación a los propietarios por transportar productos de contrabando desde la frontera con la República Argentina.
La vecina manifestó que lo único que quiere es que la policía le devuelva su motorizado y en caso que se le devuelva también los productos, aseguró que servirán para distribuir a las ollas comunes en Yacuiba, y es por eso que acudió a la representante de los Derechos Humanos en Yacuiba, María Belén Molina, quien actualmente atendió la demanda y hará las gestiones respectivas para tratar que el motorizado sea devuelto a los afectados.
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