El Deber
Ellos hicieron subir el precio de los equipos y cada uno iba
a ganar 340.000 dólares, según la declaración del ‘testigo clave’ Jorge
Humérez, que habló esta tarde en la Fiscalía. La fábrica había afirmado que el
costo de los equipos era de 6.600 euros
La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y
cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de
vincular al Ministerio de Salud con la fábrica, según señala un documento al
que EL DEBER tuvo acceso.
Fernando Humérez, que se presentó a la Fiscalía como testigo
clave en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios
acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero
que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de
20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar sus honorarios.
El testigo, que aguarda una definición del Ministerio
Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado
para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo,
reveló que contactó al abogado Walter Zuleta (que fue defensor de Gabriela
Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García de IME Consulting,
representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria
entre la fábrica y el Estado boliviano, que terminó vendiendo los respiradores
al Ministerio de Salud.
“Hace tres semanas aproximadamente, hacemos la llamada tripartita
entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el
Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Walter Zuleta, sobre el
precio del respirador a lo cual, el señor Iñaqui me responde que el precio
propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente, Zuleta e Iñaqui, al
considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de
la forma en la que ellas quieran, me proponen poner un precio final de los
respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores
iban a ser de $us 2.000 por respirador y para cada persona lo que vendría
restando al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona
tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración
de siete páginas.
Mencionó también, que el pago se haría, una vez recepcionado
el producto y cumplido con todos los procedimientos de calidad, garantías,
mantenimiento y la aceptación del Ministerio.
La fábrica de los ventiladores publicó una declaración de su
gerente Pau Sarsanedas, en Twitter, en la que señala que cada respirador cuesta
6.000 euros, más 600 euros de accesorios, y no los 20.000 que menciona el
llamado testigo clave.
Humérez firmaría con Iñaqui, un contrato de asesoría por las
comisiones, cumpliendo con las obligaciones impositivas de Bolivia y
protocolizarlo, ya que estas transacciones para fines legales, deben ser
bancarizadas.
Señaló que Walter Zuleta, quien radica en Lima (Perú) y que
conocía el negocio por tener franquicias, logró conseguir el contacto con la
empresa española para la compra de los respiradores en España. Fernando
Valenzuela, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud,
fue identificado como quien vinculó al Ministerio de Salud con estos tres
intermediarios, quien -según Humérez- le dio el visto bueno para que haga la
intermediación con el proveedor de España.
Iñaqui García, convenció a Humérez, que tenía representación
única en Bolivia de la fábrica que produce estos respiradores. Sin embargo, en
la negociación, Humérez le exigió que envíe una carta al Ministerio de Salud,
para aclarar esa representación. “Asumo que esta nota posibilita la concreción
de dicho contrato”, añadió.
Humérez dijo que la empresa intermediaria se presentó como
la única representante oficial de la fábrica de respiradores en Bolivia. Al
final de su declaración dice que cree que hubo una trama entre la fábrica e
Iñaqui García y que considera que se actuó de buena fe desde el Ministerio de
Salud.
La investigación
El precio acordado por cada uno de los 170 respiradores
artificiales, según lo informó el Gobierno, fue de $us 27.683. Tras la llegada
a Bolivia, los médicos expertos denunciaron que los equipos no eran aptos para
su uso en cuidados intensivos, sino para ambulancias y para terapia intermedia.
La Fiscalía Departamental de La Paz consideró, que existe un
daño económico de más de $us 3 millones en la mencionada compra. El ex ministro
de Salud, Marcelo Navajas, y otras cuatro personas fueron imputados por la presunta
comisión de siete delitos.
El Gobierno dispuso paralizar el pago del 50% restante a la
firma española, hasta que se aclaren los detalles del contrato.
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