El Gran Chaco/
La junta de padres de familia de la Unidad Educativa
“Ferroviaria 2 y “Guido Villagómez” se vieron sorprendidos por una denuncia en
su contra que se hizo conocer en la Fiscalía, interpuesta por la ciudadana
Roxana Eva Garnica García, funcionaria municipal, por los supuestos delitos de
impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
Inicialmente se conoce que los ciudadanos Adela Patricia
Pérez Villalba, Ghercinda Padilla, Irina Vásquez, Dalila Beltrán y Franz René
Apaza, fueron notificados por la Fiscalía para que puedan prestar sus
declaraciones informativas, sobre los supuestos delitos de los que se les
acusa. En el caso de incomparecencia injustificada se librará una orden de aprehensión
y conducción en su contra, señala la orden interpuesta.
De la misma forma, el fiscal de materia y asignado al caso,
Martin Caballero Lea Plaza, notificó a los ciudadanos, Juan Abad Domenech,
Cristina Orozco, Libio Ayza Ayllon, Héctor Liquitaya y Juan Carlos Hoyos, para
que puedan representar al Gobierno Municipal de Yacuiba en calidad de testigos
y hacer conocer sus declaraciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc).
Sobre la denuncia interpuesta, la funcionaria municipal,
Roxana Garnica, explicó que el pasado 12 de junio de este año, en horas de la
mañana, su persona se disponía a ingresar a las oficinas principales de la Alcaldía,
sin embargo ante la presencia de un tumulto de personas que se encontraban al
frente del Gobierno Municipal, protagonizada por los señores padres de familia
del colegio “Ferroviario” y “Guido Villagómez”, impidieron que la institución
pueda desarrollar sus actividades rutinarias de atención al público y
cumplimiento de labores asignadas a los funcionarios, como también causó el
perjuicio para el transporte público y también para el transporte de la Alcaldía.
También señaló, que pudo escuchar que esas personas
realizarían actos de presión más drásticas, donde Franz Apaza, de la junta
escolar de padres de familia, llamó a los demás miembros del colegio, para instigar
al bloqueo de los vehículos que prestan el servicio dentro del proyecto de
construcción del establecimiento.
Sobre el caso, padres de familia hicieron conocer su
molestia ante la actitud asumida por el Gobierno Municipal, señalando que ya
nadie tiene derecho a decir nada, porque si no, te inician un proceso penal.
“Estamos en democracia y ya hemos dejado la dictadura hace muchos años atrás,
no pueden escudarse por otros funcionarios públicos”, expresó Luis, padre de
familia.
Una madre de familia, que prefirió no dar su nombre por
temor a represalias, señaló que lo único que pretenden los padres de familia,
es que se entregue la unidad educativa completa y no a medias como se pretende
hacerlo. Incluso señaló que es necesario utilizar los recursos económicos para
concluir las obras que están en ejecución y no así para adquirir y comprar
nuevas camionetas, ya que el parque automotor del Gobierno Municipal estaría en
óptimas condiciones.
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