La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia.
La corte suprema de Brasil reanudó ayer jueves un debate que puede conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y asestar un duro golpe a la Operación Lava Jato, una de las mayores investigaciones anticorrupción del mundo.
El Supremo Tribunal Federal (STF), de once magistrados, debe determinar si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación (segunda instancia), como sucede desde 2016, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles.
El STF suspendió las deliberaciones el mes pasado con una ventaja de 4 a 3 para los partidarios del statu quo. Muchos analistas prevén que se llegue a un resultado de 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recaerá en el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli.
Si Toffoli se inclina por el cambio de norma, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Entre los posibles beneficiarios hay 38 condenados de la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en Petrobras. Entre ellos figura Lula, de 74 años, que purga desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La expectativa es que las discusiones concluyan este jueves, pero no se descarta que el fallo se postergue para la próxima semana.
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