María Gonzales Muñoz, madre de Juan García,
quien se encuentra preso y acusado de ser el propiciador para que muchas
familias, avasallen los terrenos de la familia Galarza el año pasado, denunció
que hasta el momento existe retardación de justicia ya que el Ministerio
Público hasta la fecha no comprobó los delitos de los que se le acusa a su
hijo.
La madre consideró que la detención de su hijo
fue totalmente arbitraria, y que las denuncias que pesan sobre su hijo de
tráfico de tierras, avasallamiento, asociación delictuosa y demás, no se
demostraron hasta la fecha y que ya pasó un año que su hijo se encuentra aún en
la cárcel de El Palmar y hasta la fecha no se demostró nada sobre los delitos
que fue acusado.
A diferencia de García, sus demás compañeros
que lo acompañaban en la cárcel ahora estarían gozando de libertad y que los
mismos habrían gozado de ciertos “beneficios” para obtener su libertad y que no
presentaron pruebas suficientes para demostrar su domicilio real y otros
documentos que el Ministerio Público exige para dejar en libertad a los
acusados, por lo que la madre denunció esa situación.
Gonzales dijo que la justicia fue muy drástica
con su hijo, ya que no le hicieron valer los documentos y garantías que
presentó para salir de la cárcel y defenderse desde afuera. “Él hizo todos sus
descargos, no tiene antecedentes, presenta domicilio real y tiene todo para que
pueda defenderse en libertad”, expresó la angustiada madre.
Ya van 6 audiencias que se van suspendiendo
para esclarecer este hecho, donde el Juez Cautelar tiene en sus manos la
denuncia interpuesta por el acusado, para que se pueda dar celeridad a este
caso y que García goce de libertad para defenderse de los delitos que se le
acusa, sin embargo hasta el momento no hay avance.
El terreno está ubicado en el lado Oeste del
barrio Ferroviario, donde la familia Galarza aduce tener derecho propietario
mediante una escritura pública del año 1953, heredada por Bernardo Galarza. Sin
embargo los avasalladores señalaron que los documentos fueron fraguados en
complicidad con funcionarios del Gobierno Municipal, por lo que más de 100 familias
ingresaron a los terrenos para tomar posesión.
Sin embargo, luego de algún tiempo, mediante
una resolución de desapoderamiento, emitida por la jueza Jenny Castellón, la
policía en abril del año pasado, procedió al desalojo de estas familias y la
aprehensión de cerca 15 personas quienes serían cabecillas de este movimiento.
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