El Servicio Legal Integral
Municipal (SLIM), conocía de la violencia que sufría la victima del último
feminicidio, pero las actuaciones que efectuaron no fueron suficientes para
frenar el macabro asesinato de toda la familia.
EL Gran Chaco/
Las instituciones que conforman la Red de Lucha Contra la Violencia,
efectuaron una conferencia de prensa, para dar a conocer un manifiesto público,
exigiendo a las autoridades policiales y judiciales, realizar una investigación
exhaustiva, sobre el feminicidio e infanticidio suscitado, buscando esclarecer
las falencias que hubo en la atención del caso, considerando que la víctima denunció
anteriormente sobre las agresiones que sufría por parte de su esposo, autor del
crimen.
Según información que brinda Cinthia Zurita, responsable del Slim,
ellos atendieron a Simona Ojeda (víctima del feminicidio), el 15 de febrero del
presente año, en la cual tenía un requerimiento de la Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia (Felcv), para ser atendida con el médico forense, donde el
profesional le dio 12 días de impedimento, porque habría sido agredida por su
esposo y tenía lesiones en el rostro.
Posterior a ello, el personal del Slim, tenía que realizar un informe
psicológico de la víctima, para presentar ante el Ministerio Público, sin
embargo la víctima indicó que estaba a la espera de su madrina para tomar las
acciones, pero la audiencia se desarrolló el 16 de febrero, donde la víctima
indicó que ya concilió con su agresor y quería que el caso quede anulado, a
pesar de esa decisión, el Slim solicitó al Juez, la detención preventiva del
agresor. Al finalizar la audiencia el Juez otorgó una sentencia de tres años al
agresor, imponiendo reglas de conducta y presentarse al juzgado cada 6 meses.
“El agresor tenía una sentencia, pero una de las preguntas que nos
hacemos es si se hizo el seguimiento a la sentencia, la seguridad que se debe
tener para el cumplimiento de las medidas de protección, porque eso es uno de
los defectos y falencias que tenemos como instituciones, porque no contamos con
recursos humanos o diferentes aspectos de cada institución, pero si existe
sentencia, tiene que existir el seguimiento a la víctima”, señaló María Yaneth
Paredes, coordinadora del Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo de Yacuiba, considera que con un simple
documento de medidas de protección, no se puede brindar seguridad para la
víctima, por tanto, es necesario que existan instituciones o casas de acogida
temporal, hasta que las mujeres cuenten con toda la seguridad y ayuda
psicológica en situaciones de violencia.
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