La sesión de la comisión mixta de Constitución fue suspendida, por el momento, hasta encontrar consensos sobre un proyecto de ley que permita reiniciar el proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial; mientras el abogado constitucionalista Israel Quino diseñó la estrategia que debiera seguir la Asamblea Legislativa contra el TCP y advirtió que sin dos tercios en el parlamento se perfila el decretazo presidencial que designará autoridades judiciales.
“Los dos tercios es la llave constitucional del candado que
lo tienen las minorías y las fracciones del sistema de partidos que está
quebrado, por lo menos hay siete fracciones políticas en el legislativo (…),
entonces, si no hay consenso, no hay los dos tercios, no van a haber elecciones
judiciales en Bolivia, por tanto, se allana cada vez más el camino para que se
designe a la cúpula judicial del país vía decretazo presidencial”, opinó el especialista
en temas constitucionales.
La comisión mixta de Constitución debía sesionar el martes,
sin embargo, la misma fue suspendida para este miércoles, pero nuevamente no
hubo acuerdos internos y la reunión de la presidenta de la Comisión en la Casa
Grande del Pueblo continuaba en la noche.
La presidenta de esta instancia, Patricia Arce, informó que
tuvieron asesoramiento de especialistas constitucionalistas que recomendaron la
aprobación de una ley, aunque desde su perspectiva, no hay ninguna vulneración legal
con los dos reglamentos que aprobaron.
La senadora Silvia Salame y el diputado Carlos Alarcón,
ambos de Comunidad Ciudadana, fueron los únicos que presentaron una propuesta
legal e insistieron desde un principio que se requería de una ley y no de un reglamento;
ahora el MAS habla de la ley, al igual que la sugerencia de Israel Quino.
El abogado también explicó que la Vicepresidencia del Estado
debería plantear un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados
René Espada Navía y Karem Gallardo Sejas, que fueron los que emitieron el auto
constitucional 0183/2023-CA que suspendió la preselección de magistrados hace
una semana.
“Lo que hizo el Tribunal Constitucional es generar un acto
de prevaricato y un acto de resoluciones contrarias a la Constitución y las
leyes, por tanto, la Vicepresidencia podrá anunciar un juicio de
responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional”, dijo Quino y
explicó las razones.
En su criterio, el Auto Constitucional es ilegal porque el
mismo Código Procesal Constitucional establece que cuando hay una objeción a
una resolución del Órgano Legislativo corresponde aplicar el “recurso contra
resoluciones del Órgano Legislativo” previsto en el artículo 139 del Código
Procesal Constitucional; pero el diputado Leonardo Ayala presentó una “acción
de inconstitucionalidad abstracta”, que figura en el artículo 74 de la misma
norma.
Según Quino, el propio Código Proceso Constitucional
establece con precisión qué tipo de recurso se puede plantear cuando un Órgano
del Estado emite una norma y los magistrados del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) debieron tomar en cuenta este aspecto, por esa razón son
pasibles a ser juzgados.
El Deber
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