En lo que va del año 2020, se registraron en Bolivia 13 casos de feminicidio, cifra mayor a la de 2018 que fue de 6 y de 2019 de 4 en el mismo periodo de tiempo. 13 denuncias de violencia contra la mujer son presentadas diariamente en el departamento de Tarija y 2 por tentativa de feminicidio que están siendo investigadas, informó la directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Tarija, Marcela Vargas.
Cifras frías
En América Latina y el Caribe, 3 529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países, según el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de CEPAL.
El reporte publicado en noviembre de 2019 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mide las tasas de homicidios por cada 100.000 personas.
En la región, las tasas más altas de feminicidio por cada 100 000 mujeres están en El Salvador con 6,8, Honduras con 5,1, Bolivia con 2,3, Guatemala con 2,0 y República Dominicana con 1,9, según CEPAL.
El 2020 llegó con cifras aún más alarmantes de hechos de violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, cada vez de mayores proporciones y extrema crueldad.
En los primeros diez días de enero, la Fiscalía General ha registrado solo en casos atendidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF): 12 feminicidios, 685 casos de violencia física, 163 casos de delitos sexuales y 5 infanticidios, lo que muestra un significativo incremento respecto al mismo periodo de 2019.
Desde la promulgación de la Ley N° 348 en contra de la violencia a la mujer, se han registrado en Bolivia 753 feminicidios, lo que coloca a Bolivia entre los países con los más altos índices de violencia contra las mujeres en el continente.
Las deudas y la carga emocional lapidarias
De los 117 casos de feminicidios que fueron reportados durante 2019, al menos 131 menores de edad quedaron en la orfandad, el peso emocional para las familias de las víctimas es enorme, el desgaste que se genera en el seguimiento del caso y la búsqueda de justicia, además del desgaste económico para los procesos correspondientes.
Todos estos elementos representan situaciones adversas, que en lugar de promover la denuncia de los casos de violencia y la búsqueda de justica por medio de los canales correspondientes, se ve complicidad del Estado con quienes violentan a las mujeres.
Existen dos casos muy evidentes en Tarija, presentados a finales del 2019, con las sentencias dictadas, ambas favorables, para los acusados, a quienes se los absolvió del delito de feminicidio, en contra de la postura de familiares como de los colectivos feministas.
Alba Van Der Valk, como cabeza del colectivo Ni Una Menos, planteó que la justicia no es imparcial y ante las familias que tiene una posibilidad política o económica de hacer uso de todos esos recursos para defender a una persona acusada de feminicidio, las instituciones que deben administrar justicia, cometen “irregularidades”.
Alejandra Cortez, encargada de la Casa del Bienestar, que es el único albergue para mujeres víctimas de violencia en el departamento, informó que el 2019 atendieron a un total de 289 personas afectadas por violencia.
Para evitar nuevos ciclos de violencia e ingresar al centro de acogida, las víctimas deben apegarse a la Ley 348, que obliga a seguir el conducto regular, sentando la denuncia ante la FELCV, en la Fiscalía o el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), que son las entidades receptoras, de donde entregan un análisis de factores de riesgo para ver si corresponde el traslado de la víctima a la Casa del Bienestar y permanecen ahí hasta que se no tenga un respaldo de protección.
Vacíos legales
Existen cuellos de botella a nivel procesal que no terminan de dar las condiciones de seguridad que permitan a las víctimas sentirse respaldadas y protegidas, todas siguen un protocolo que dificulta hacer efectiva una denuncia, tomando en cuenta que más de la mitad de feminicidios se dan después de haber interpuesto una denuncia de violencia.
Desde el requerimiento fiscal, que tarda alrededor de 10 días para emitir una medida de protección, tiempo en el que el problema se puede profundizar o terminar en un desenlace fatal.
La ley 348 también deja vacíos legales cuestionables, como que la víctima sea la que tiene que salir de su hogar en busca de protección, en lugar de que las autoridades correspondientes tomen acciones en contra del agresor a la brevedad posible, permitiendo que esta entre en un estado de mayor vulnerabilidad.
Colectivos feministas en Tarija identifican una serie de aspectos en la Ley 1173 de Abreviación Procesal.
Aseguran que esa norma “solo beneficia a los agresores en perjuicio de las víctimas y sus familiares”.
Se denuncia que entre cuatro y cinco agresores son beneficiados cada día por esta ley. Cuestionan que la detención preventiva sea solo de seis meses, tiempo insuficiente para que un juez sentencie al feminicida.
Denuncian que la Ley 1173 “abre las puertas” de las cárceles a feminicidas y depredadores sexuales.
Joel Vera, como presidente del colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI), dice que es evidente la falta de políticas efectivas desde el ámbito de la ejecución.
Vera afirma que en el ámbito legal se lograron avances, pero quedan “en papeles”, apuntando a un “cambio de timón”, que venga desde la sociedad, desde la familia.
El activista considera que no hay manera de implementar una política, si esta no tiene efecto sobre la población y ve como “primordial” el presupuesto que sea asignado para prevenir la violencia.
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