El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el viernes que el Gobierno será el primero en desalojar a los asentamientos ilegales en áreas protegidas o tierras comunitarias de origen, especialmente en la Chiquitanía, donde los incendios arrasaron con miles de hectáreas de bosques y pastizales.
«Si alguien violó lo que dice la Constitución, por supuesto hay que sacarlo inmediatamente. Sin embargo, es algo que no se ve a simple ojo, no es decir ‘oye aquel es ilegal’. Hay que ver su título de propiedad, hacer la georeferencia y, una vez establecido (…), seremos los primeros que vamos a usar la ley para sacar a quien está ocupando un parque» nacional, dijo en una entrevista con la red Uno.
El mandatario se refirió al tema en momentos en que el Comité Cívico Pro Santa Cruz impulsa una campaña de desalojo de comunidades asentadas ilegalmente en la Chiquitanía, bajo el argumento de que son las responsables de los incendios forestales para habilitar zonas de cultivo agrícola.
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García Linera aclaró que las dotaciones de tierras fiscales ya no se dan de forma individual, sino a nivel colectivo y a comunidades, como establece la Constitución.
No obstante, respaldó la necesidad de hacer una auditoría completa para identificar los asentamientos ilegales
«Si el asentamiento está en una tierra fiscal legalmente obtenido, cumpliendo los requisitos, hay que respetarlo», acotó.
El anterior miércoles, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, tildó de discriminatorios y regionalistas los desalojos de los asentamientos humanos en la Chiquitanía que sean considerados ilegales por los dirigentes cívicos de Santa Cruz.
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