Argumentando falta de documentación en regla, el gobierno de Perú restringió el paso de decenas de migrantes de diversas nacionalidades, entre ellas venezolanos y haitianos, provenientes de Chile, que se encuentran varados desde hace unos 20 días en el cruce fronterizo entre ambos países a la espera de acciones humanitarias que implicarían vuelos de repatriación.
El gobierno peruano declaró “estado de emergencia” y ordenó trasladar militares a la frontera ante las tensiones que se han vivido en días recientes.
En las últimas horas se ha elevado la inquietud ante la situación de los migrantes y han comenzado a surgir pronunciamientos de instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la situación en la frontera entre Arica y Tacna, donde se observan personas migrantes “con riesgos de protección y conflictos con autoridades policiales” y urgió a los Estados “garantizar y coordinar” asistencia humanitaria.
“Los Estados deben fortalecer la cooperación en migración internacional, especialmente ante las emergencias humanitarias. Las medidas de seguridad y de orden deben tener en cuenta los derechos humanos como la vida e integridad de las personas y familias en movilidad humana”, manifestó la CIDH el martes por la tarde en Twitter.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró el fin de semana que han mantenido conversaciones con las cancillerías de Chile y Perú y que han solicitado “plenas garantías y respeto a los DDHH” de los venezolanos que se encuentran en Tacna.
“Así mismo hemos solicitado garantías para que nuestros aviones de Conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas”, agregó en Twitter.
Nancy Arellano, presidenta de Veneactiva, una ONG dedicada a brindar asistencia a la población de migrantes y refugiados en Perú, expone que las medidas restrictivas impuestas por el gobierno chileno han generado un proceso de “re inmigración” que, asegura, se “complica” cuando los países de origen “fallan” en dar documentación vigente a sus nacionales, casos puntuales los de Haití y Venezuela.
“Las barreras son de documentación, justamente porque estas personas no pueden tramitar ante las autoridades correspondientes los permisos para poder movilizarse y por supuesto las medidas que se han ido alzando entre los países de solicitud de visados, complejizan un proceso de migración seguro, ordenado y regular en la región”, dijo consultada por la Voz de América.
Arellano considera que han fallado plataformas de coordinación, como el Proceso de Quito que surgió para que las cancillerías pudieran coordinar y organizar los procesos de movilidad humana ante la “crisis migratoria” venezolana, pero "continúan tomándose decisiones unilaterales”.
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