La Asamblea Departamental no
ratificó el convenio marco en salud entre la Gobernación de Tarija y la
Gobernación Regional, lo cual obstaculiza la categorización que prevé la Ley,
para los profesionales que trabajan en el programa de fortalecimiento a la
salud.
Los profesionales en salud, que trabajan mediante el programa de
fortalecimiento, requieren la ratificación del convenio entre el Gobierno
Departamental y Regional, para que su trabajo esté garantizado, además se dé
cumplimiento a la categorización de profesionales, para que perciban un mejor
salario de acuerdo a la Ley Transitoria 927, que da continuidad a programas y
convenios vigentes desde la creación del Gobierno Regional, el mismo que es
respaldado por la Ley 104.
Dicho convenio fue aprobado por la Asamblea Regional en el mes de septiembre
del año 2018 y remitido en noviembre al Gobierno Departamental, para que esta
instancia también ratifique el convenio firmado entre ambas instituciones, sin
embargo en la Asamblea Departamental hizo observaciones y hasta el día de hoy
no lo aprobaron, causando un perjuicio a 175 profesionales de la Región
Autónoma del Gran Chaco y 675 en el resto del Departamento.
“Como el Gobierno Regional no tiene competencias en salud, porque las
competencias las tiene el Gobierno Nacional y Gobierno Departamental, a través
de convenios se da cumplimiento a leyes y programas. Como asociación nos
apersonamos en enero, para investigar en qué estado se encontraba el convenio y
nos informaron que estaba observado, debido a que era un convenio macro, donde
no se explicaba y no se especificaba, aludiendo que el convenio no tenía un
informe técnico legal, ni una fotocopia legalizada de la ratificación de la Asamblea
Regional y ahí quedaron, que lo volverían a revisar y mandar un informe al
Gobierno Regional, pero hasta ahora no se hizo nada”, dijo Damayantis Márquez,
presidenta de la Asociación de Profesionales de Salud del Gran Chaco.
175 profesionales que trabajan en el programa de fortalecimiento no
cobrarán sus salarios, porque no existe la ratificación del convenio, además,
existe una deuda desde el mes de junio del año 2018, porque no se hizo la
categorización que prevé la ley. Por las razones expuestas, los profesionales
se declaran en estado de emergencia y dan un plazo de 72 horas, para que las
autoridades resuelvan el tema, caso contrario asumirán medidas de presión.
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