EFE
El número de muertos por razones relacionadas con la crisis sociopolítica que vive Nicaragua se elevó a 593 en mayo, tras haber alcanzado los 568 el mes anterior, informó ayer la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
A esa cantidad de suma un total de 846 desaparecidos desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega que, según la Anpdh fueron “secuestrados por grupos paramilitares y Policía Nacional, en la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”.
El informe avala las denuncias sobre desapariciones que son publicadas todos los días en Nicaragua, a través de las redes sociales, por familiares y amigos de las víctimas.
Según el informe, las “ejecuciones selectivas” de ciudadanos y “capturas ilegales o secuestros”, continúan 13 meses después de iniciada la crisis y a pesar de que la parte más sangrienta de la misma ocurrió entre abril y julio de 2018.
La Anpdh también informó de 629 “secuestrados”, como identifica a los “presos políticos”, de los cuales 286 están siendo “procesados ilegalmente”, 200 permanecen “detenidos ilegalmente” y 143 ya fueron “sentenciados ilegalmente”.
La organización resaltó que el informe es “preliminar”, puesto que la crisis continúa en vigor, lo que da pie a que las listas de víctimas continúen creciendo.
La cantidad de muertos es superior a los 325 que estima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque la de “presos políticos” es inferior a los 809 del organismo internacional.
El Gobierno de Nicaragua ha reconocido 199 muertos y 468 detenidos, a los que denomina “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La crisis de Nicaragua inició con el estallido social del 18 de abril de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, primero por unas impopulares reformas a la seguridad social, y luego por la cantidad de personas que resultaron muertas, heridas o desaparecidas en las protestas. Nicaragua ahora atraviesa una profunda crisis económica que, sumada a la falta de seguridad en el que fuera uno de los países más seguros de Latinoamérica, ha llevado al exilio a decenas de miles de nicaragüenses.
El número de muertos por razones relacionadas con la crisis sociopolítica que vive Nicaragua se elevó a 593 en mayo, tras haber alcanzado los 568 el mes anterior, informó ayer la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
A esa cantidad de suma un total de 846 desaparecidos desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega que, según la Anpdh fueron “secuestrados por grupos paramilitares y Policía Nacional, en la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”.
El informe avala las denuncias sobre desapariciones que son publicadas todos los días en Nicaragua, a través de las redes sociales, por familiares y amigos de las víctimas.
Según el informe, las “ejecuciones selectivas” de ciudadanos y “capturas ilegales o secuestros”, continúan 13 meses después de iniciada la crisis y a pesar de que la parte más sangrienta de la misma ocurrió entre abril y julio de 2018.
La Anpdh también informó de 629 “secuestrados”, como identifica a los “presos políticos”, de los cuales 286 están siendo “procesados ilegalmente”, 200 permanecen “detenidos ilegalmente” y 143 ya fueron “sentenciados ilegalmente”.
La organización resaltó que el informe es “preliminar”, puesto que la crisis continúa en vigor, lo que da pie a que las listas de víctimas continúen creciendo.
La cantidad de muertos es superior a los 325 que estima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque la de “presos políticos” es inferior a los 809 del organismo internacional.
El Gobierno de Nicaragua ha reconocido 199 muertos y 468 detenidos, a los que denomina “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La crisis de Nicaragua inició con el estallido social del 18 de abril de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, primero por unas impopulares reformas a la seguridad social, y luego por la cantidad de personas que resultaron muertas, heridas o desaparecidas en las protestas. Nicaragua ahora atraviesa una profunda crisis económica que, sumada a la falta de seguridad en el que fuera uno de los países más seguros de Latinoamérica, ha llevado al exilio a decenas de miles de nicaragüenses.
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