En noviembre del 2024 el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley de “Reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos”, que modifica la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera del 11 de diciembre de 2015. Sin embargo, desde Tarija han expresado su rechazo, ya que se mantiene el artículo con el que se confisca recursos a los niveles subnacionales y universidades.
Cabe mencionar que la Ley 767 ha sido rechazada desde un
inicio, ya que en su artículo 11 dispone la creación del Fondo de Promoción a
la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera que se financia con
recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para
incentivar la exploración y explotación de los hidrocarburos en el Estado
Plurinacional de Bolivia. Se confisca el 12% del IDH, antes de la distribución
a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas.
Sigue la confiscación
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega,
señala que a pesar de existir un proyecto de ley para modificar a la Ley 767,
la confiscación del 12% de los recursos del IDH continuará. Lamentó que el
Gobierno tenga que atentar en contra de la economía de las gobernaciones,
municipios y universidades públicas para cumplir con competencias que son del
nivel central.
Vega calificó este proyecto de ley como una medida “parche”
a la crisis energética que vive el país, advirtiendo que a corto plazo es la
única medida que puede ejecutar el Gobierno hasta que pueda garantizar una
nueva ley de hidrocarburos, ya que desde el 2006, cuando se nacionalizan los
hidrocarburos en el país, se crea una condición de inseguridad jurídica, lo que
ahuyentó a empresas internacionales a invertir en Bolivia, además que las
inversiones en este rubro son de alto riesgo y tampoco generan grandes
ganancias para aquellos que arriesgan su capital.
“Con este proyecto de ley continúa la confiscación de
recursos, eso no se modifica. De hecho, mi persona había presentado hace un año
y medio atrás un proyecto de ley para modificar o derogar este artículo
confiscatorio de la Ley 767, pero a pesar de esto, no ha sido tratada hasta el
día hoy”, mencionó Vega, a tiempo de señalar que su proyecto de ley está
archivado en la Comisión de Economía Plural en la Cámara de Diputados que es
integrada por legisladores oficialistas.
¿Tendrá apoyo la ley?
A finales del mes de marzo, se había advertido que el Comité
de Energía e Hidrocarburos de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de
Diputados aprobó el proyecto de ley de modificación de la Ley 767. Sin embargo,
Vega aclaró que a pesar de este pequeño avance, la normativa aún se encuentra
paralizada en la ALP.
El legislador mencionó que es necesario contar con
inversiones en el área hidrocarburífera, pero expresó su rechazo a que se siga
confiscando recursos a las gobernaciones, municipios y universidades que están
obligados a pagar una obligación del nivel central, vulnerando las autonomías
con una medida centralista.
“Por otro lado, este 12% que han venido confiscando desde el
2015, nunca han rendido cuentas, además que este fondo no ha tenido resultados,
si hubiera tenido resultados, con grandes pozos exploratorios, por supuesto que
las entidades autónomas estarían contentos de incentivar esta actividad, pero
como no hay éxito, es una plata que la han regalado al Gobierno para que la mal
administre”, apuntó.
El parlamentario tarijeño señaló que actualmente los niveles
subnacionales de gobierno y las universidades están atravesando por una difícil
situación financiera, por lo que no están en condiciones de que se les siga
confiscando.
El asambleísta departamental por Unidos, Mauricio Lea Plaza,
señaló que entre la gestión 2016 al 2024 se han confiscado 60,90 millones de
dólares por concepto de la Ley 767 para el Fondo de Promoción a la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
Según un análisis realizado por el legislador, en base a los
recursos que ingresaron por IDH al departamento de Tarija, detalla que en este
periodo de tiempo, la Gobernación de Tarija dejó de percibir 87,67 millones de
bolivianos; los gobiernos municipales dejaron de recibir 302,38 millones y la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) no recibió 31,83 millones. Lo
que se traduce en 60,90 millones de dólares.
Lea Plaza indicó que la Ley 767 tenía el propósito de
incentivar a las empresas para que realicen exploración, y en la gestión 2015
el Gobierno se había comprometido con las gobernaciones, municipios y
universidades, que por cada dólar que aporten iban a recibir 8 dólares a
cambio.
“Supuestamente este fondo iba a permitir una rápida
ampliación de las reservas de gas, a través del incentivo a la exploración, han
pasado 10 años, y lamentablemente eso no ha ocurrido, no hubo nuevos proyectos
exploratorios, no se ha aplicado
prácticamente la ley, no se han movilizado los recursos que han aportado las
distintas instancias de gobierno”, indicó.
La autoridad se animó a precisar, que los recursos aportados
para este fondo, ya no están disponibles físicamente en el Banco Central de
Bolivia (BCB), sino que apenas existe en papeles.
“Estos recursos prácticamente no han sido utilizados en
nuevos proyectos exploratorios, no se utilizaron porque ha estado mal pensada
la ley, mal planteada”, apuntó.
El País
No hay comentarios.: