La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de ley Nº 547/24-25 de diferimiento de créditos, que plantea la suspensión de embargos y ejecuciones de garantías durante seis meses en préstamos de vivienda de interés social. La medida también establece un diferimiento en créditos de micro y pequeñas unidades económicas por el mismo periodo. Sin embargo, la norma que ahora queda en manos de la Cámara de Senadores, ha generado controversia y dividido opiniones en distintos sectores del país.
-Análisis técnico-
El analista económico Fernando Romero evaluó los alcances de
la norma, identificando aspectos positivos, negativos y los posibles efectos
posteriores. Esto frente a un contexto de crisis y de estanflación.
Mencionó que, si bien busca beneficiar al 70% de los
prestatarios, que representan aproximadamente el 45% de la cartera del sistema
financiero, los riesgos superan a los beneficios.
Romero señaló que, en un escenario macroeconómico inestable,
Bolivia requiere mayor inyección de recursos internos y externos, así como
menor intervención estatal en sectores privados como el financiero.
Expuso que el proyecto de ley puede tener buenas
intenciones, pero la experiencia nos demuestra que los diferimientos de
créditos, en general, terminan generando más problemas que soluciones.
En esa línea, Romero recomendó que su tratamiento quede en
pausa y que sea el próximo gobierno el que analice su viabilidad de manera
técnica, con participación de prestatarios y banca privada. Agregó que el
objetivo debe ser apoyar a los deudores sin agravar la situación económica del
país a corto plazo.
-Prestatarios defienden la norma-
Desde el sector de prestatarios y microempresarios de La
Paz, se pidió no “satanizar” el proyecto de ley. Consideran que la norma
representa un alivio temporal frente a la crisis.
“Se ha satanizado la palabra diferimiento. Este no es el
diferimiento de pandemia (del coronavirus), es un diferimiento que congela el
capital e interés para postergarlo. Es porque nosotros lo estamos pidiendo. No
se va a repetir lo del 2020”, señaló la presidenta de Federación departamental
de microempresarios de La Paz, Cintya Magueño, citada por ANF.
No obstante, un grupo de prestatarios rechaza la propuesta
porque temen repetir la experiencia del coronavirus, cuando tras el
diferimiento se vieron obligados a pagar intereses acumulados sobre los
intereses.
Otro sector, encabezado por Maycol Chura, pidió la pronta
aprobación y promulgación del proyecto, que ahora debe ser tratado en el
Senado. Dijo que para ellos será un alivio porque supuestamente por día se
rematan 20 casas de muchas familias que no pueden seguir pagando sus deudas.
“Seis meses, no es toda la vida. Como nosotros hemos perdido
en las reprogramaciones de la pandemia, ahora también le toca perder al banco.
No sólo es para un sector, esto es a nivel nacional que son productivos”,
declaró Chura.
-Rosas: La ley es un pedido de la gente-
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas,
defendió la norma, argumentando que ha sido “un pedido de la gente”, ya que
muchas familias se encuentran desesperadas por la situación económica.
“Lo que hemos hecho con esta ley, que la hemos impulsado
desde un inicio, es permitir que aquel pequeño prestatario tenga la posibilidad
de pausar el pago en seis meses, y de aquí a seis meses va a continuar pagando
el interés y capital”, manifestó.
Rosas cuestionó la postura de la Asociación de Bancos
Privados de Bolivia (Asoban), indicando que lo ven como una afectación a la
banca privada, cuando porcentualmente estiman solamente un 3% de incidencia.
“Es absolutamente nada, ¿y a quién beneficiamos?
Beneficiamos a más de 2 millones de pequeños prestatarios, pequeños
prestatarios, pero esta norma también permite, que aquellos prestatarios que
están bien y pueden continuar pagando la deuda, no se acojan a esta ley y
continúen pagando de manera normal”, resaltó.
-Un “respiro falso”-
Por su parte, el analista económico Gonzalo Chávez advirtió
que la medida representa un “respiro falso”.
Chávez sostuvo que el gobierno de Luis Arce dejará varios
“regalitos” al próximo Gobierno, como la deuda interna, bajas reservas
internacionales, deuda externa, compromiso de recompra de oro por más de 1.000
millones de dólares, este diferimiento de créditos, entre otros.
“El remedio temporal puede incubar una crisis financiera
mayor y hay que tener mucho cuidado con el sistema (financiero). Y para que no
haya malentendidos, diferir no es perdonar. Las deudas siguen ahí, esperando
con paciencia bíblica, pero crecerán hasta volverse aún más pesadas. Es un
respiro falso, una ilusión óptica, que te salva hoy para que te hundas mañana”,
declaró.
El proyecto de ley fue impulsado por el Ejecutivo con el
argumento de dar un “alivio financiero” a prestatarios afectados por la crisis
económica. No obstante, el debate en torno a sus efectos a corto y largo plazo
sigue abierto, en un contexto donde la economía boliviana enfrenta crecientes
tensiones estructurales.
-El SIN descarta pérdidas de la banca-
Sobre este tema, desde el Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN), su presidente Mario Cazón, aseguró que el sector financiero no va a
perder nada y seguirá ganando con la ley que suspenderá de forma temporal
embargos y ejecuciones judiciales para créditos de vivienda de interés social y
el diferimiento de cuotas de préstamos para vivienda social y a micro y
pequeños prestatarios.
“Se les va a dar ese alivio, en este caso, de seis meses, en
los cuales, en esos seis meses, igual van a generar intereses, es decir, el
sector financiero no va a perder nada, va a seguir ganando”, indicó.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, estas medidas beneficiarían a más de 1,4 millones de prestatarios,
con créditos destinados a micro y pequeñas unidades económicas, así como a
vivienda de interés social.
El País
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