La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 heredado por la administración de Luis Arce con la incorporación de una disposición que otorga al actual Gobierno de Rodrigo Paz un plazo de hasta 90 días para ajustar recursos y gastos, a las nuevas variables macroeconómicas, y reducir el déficit fiscal en un 30%.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
realizar todos los ajustes en los recursos y gastos para adecuar el Presupuesto
General del Estado gestión 2026 en el marco de las nuevas variables
macroeconómicas, las políticas de autoridad nacional y la reducción del déficit
fiscal del 30% respecto al Presupuesto General del Estado gestión 2025
ejecutado, debiendo presentar los mismos a la Asamblea Legislativa
Plurinacional en un plazo de hasta 90 días calendario a partir de la vigencia
de la presente ley”, señala la disposición final segunda.
Pese a la crisis económica marcada por una inflación
acumulada del 19,22% hasta octubre y el índice de decrecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de -2,4% hasta el primer semestre de este año, el Gobierno
de Luis Arce presentó un presupuesto consolidado para el 2026 de Bs 298.332
millones mayor al de este año que se proyectó en Bs 296.565 millones.
El tratamiento de la norma en la Cámara Baja fue postergado
en dos sesiones y su aprobación se concretó tras un tenso debate de más de
cinco horas con la presencia del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
“Teníamos evidentemente un gobierno que terminaba su gestión
de la peor manera posible, que sabía que no tenía continuidad y por lo tanto no
tenía ningún incentivo para armar bien un presupuesto”, aseveró Espinoza.
Durante su exposición, la autoridad enumeró una serie de
debilidades estructurales del PGE 2026 heredado por Arce. Entre las principales
observaciones figuran el uso de variables macroeconómicas descontextualizadas,
la sobreestimación de recursos y gastos, así como del financiamiento interno y
externo, además de un déficit fiscal subestimado e inconsistente.
En las variables macroeconómicas el PGE de Arce plantea un
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 0,9%, una tasa de inflación
del 10,1% y un desequilibrio fiscal del -10,28%.
Espinoza remarcó que distorsiones similares ya generaron
problemas en las gestiones 2024 y 2025, cuando alcaldías y gobernaciones
recibieron montos muy inferiores a los presupuestados, por la caída de ingresos
por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El proyecto aprobado mantiene autorizaciones para
operaciones de deuda pública hasta un tope de 3.500 millones de dólares,
mediante financiamiento interno, incluyendo créditos del Banco Central de
Bolivia al Tesoro General de la Nación.
Espinoza advirtió que la alta dependencia del financiamiento
interno en el presupuesto original constituye un riesgos macroeconómico, que
generarían presión inflacionaria y mayor desequilibrio fiscal.
El Deber
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