Tras varias quejas de sus pasajeros, el Gobierno decidió tomar medidas de hecho en el interior Boliviana de Aviación (BoA). Esta situación se da porque, pese a incrementar el número de naves, las demoras en los diferentes itinerarios de la estatal persistían. Para el ejecutivo, los percances tienen una solo causa: un sabotaje interno, por eso alista despidos y una auditoría interna. Además de un cambio más profundo: la búsqueda de un socio en el sector privado como salida a esta crisis.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el
viceministro de Transparencia, Yamil García, llegaron hasta las oficinas
centrales de BoA, en Cochabamba. Las autoridades indicaron que este sabotaje,
decisiones administrativas “dolosas” y una mala planificación perjudicaron de
forma directa a miles de pasajeros.
Zamora aseguró que, en apenas 40 días de gestión, la flota
operativa pasó de ocho a 12 aeronaves y que hasta fin de mes podría llegar a 13
o 14. Sin embargo, los problemas persistieron. Para el Gobierno, la respuesta
dejó de ser técnica y pasó a ser humana.
“Ya no es un tema de aviones. Es un tema de recursos humanos
y de planificación”, afirmó.
Más denuncias
Al margen de las quejas, el viceministro García informó que
su despacho recibió 11 nuevas denuncias contra la anterior gestión y detectó
otras cinco presentadas “a última hora” por el exgerente. La investigación
apunta a una programación de vuelos hecha como si existieran 13 aeronaves
cuando solo había ocho disponibles, pese a advertencias técnicas formales
emitidas el 25 de septiembre. Para el Gobierno, esa omisión tiene responsables
con “nombre y apellido”.
Entre los hechos bajo lupa está la venta de una aeronave en
2024 por $us 7,4 millones, un precio que —según García— estaría por debajo del
valor referencial del mercado.
El caso ya es investigado por el Ministerio Público y podría
derivar en auditorías especiales de la Contraloría General del Estado.
En noviembre, EL DEBER en un reportaje titulado ‘La caja
negra’ de BoA revela un agujero de Bs 432 millones, mostró que la venta de la
aeronave CP-2881 se reportó con un ingreso no recurrente en 2024 que impulsó la
línea de “otros ingresos” en más de 16%.
Ese movimiento permitió maquillar temporalmente las cuentas
de la estatal, en un año donde el negocio operativo siguió mostrando fragilidad
estructural: tarifas desactualizadas, alta exposición al tipo de cambio y una
creciente dependencia de ingresos no sostenibles.
A este caso particular se suma un presunto daño económico de
Bs 2.531 millones por vuelos internacionales con mínima ocupación, como ruta a
la Habana, Cuba que tenía una aeronave para 168 pasajeros pero que en la
práctica solo transportaron 17 personas.
“Todos estos aspectos van a ser objeto de procesos van a ser
objeto de investigaciones”, dijo.
No habrá privatización
En paralelo, Zamora abrió la puerta —sin rodeos— a una
definición estratégica: asociarse o no con un privado. Negó cualquier
privatización, pero admitió que la decisión dependerá de si la recuperación en
curso alcanza para sostener la operación sin apoyo externo. “Si en 60 días
recuperamos más aviones, quizá no necesitemos socios”, dijo.
En otras palabras, el capital privado entra en la
conversación.
Aseguró que, cuando asumió la gestión, había 4.500 pasajeros
perjudicados por demoras y cancelaciones, cifra que —según dijo— ya se redujo a
1.500 gracias a un nuevo itinerario.
El compromiso oficial es llegar a “cero pasajeros
perjudicados” hasta el 5 de enero.
Zamora habló de reestructuración, de evaluar quién trabaja
bien y quién no, y de la necesidad de alinear a todo el personal con la nueva
dirección. Reconoció que los cambios no son simples, porque la empresa se rige
por la Ley General del Trabajo y no cuenta con recursos suficientes para
indemnizaciones masivas. Aun así, fue directo: “La gente que hace daño tiene
que parar”.
García dijo que existen exfuncionarios cuyas acciones no
pueden explicarse como errores casuales y anunció que se ampliarán las
investigaciones.
Desde el área técnica, el jefe de Planificación de BoA,
Fernando Jiménez, reconoció que la programación heredada no se ajustaba a la
capacidad real de la flota y que ya se trabaja en un nuevo itinerario operativo
para reducir el impacto en los pasajeros durante la temporada alta de fin de
año.
El ajuste busca optimizar el uso de aeronaves y
tripulaciones y corregir distorsiones acumuladas en la malla de vuelos.
El Deber
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