El Ministerio Público confirmó la capura de nueve personas tras el violento enfrentamiento registrado el lunes 8 de diciembre en la zona del botadero de Cotapachi, municipio de Colcapirhua, que dejó dos personas fallecidas y alrededor de 16 heridos, entre comunarios y policías.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina,
informó que los hechos se produjeron en el marco de un conflicto de límites
entre los municipios de Colcapirhua y Quillacollo, cuando la Policía Boliviana
acompañaba el cumplimiento de una sentencia constitucional que ordenaba
habilitar el ingreso de camiones para el depósito de basura en el relleno
sanitario de Cotapachi.
“Un conjunto de personas organizadas generó actividades
irregulares y enfrentó a la Policía Boliviana, con la finalidad de impedir el
cumplimiento de una orden judicial”, señaló Tejerina en conferencia de prensa.
Indicó que, durante los disturbios, los efectivos hicieron uso de agentes
químicos y otros elementos disuasivos para controlar a grupos enfrentados,
contexto en el cual se produjeron las muertes.
El fiscal precisó que el Ministerio Público abrió dos
procesos penales principales: uno vinculado a tenencia y portación ilegal de
armas, asociación delictuosa, organización criminal e instigación pública a
delinquir, y un segundo proceso específico por la muerte de las dos personas
registradas en el lugar de los hechos.
“Tenemos alrededor de ocho personas aprehendidas,
encontradas en flagrancia con objetos contundentes utilizados para enfrentar a
la Policía”, detalló Tejerina. Agregó que, tras el trabajo coordinado entre la
Policía, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Ministerio
Público, se logró individualizar a un probable autor del delito de homicidio,
quien ya fue arrestado y contra el cual existen elementos materiales
suficientes que sustentan la probabilidad de autoría.
Por su parte, el subcomandante general de la Policía
Boliviana, Juan Peña Rojas, sostuvo que el operativo policial se ejecutó
conforme a una orden de operaciones orientada exclusivamente al desbloqueo del
botadero, sin incidentes durante el ingreso. Sin embargo, afirmó que los
efectivos fueron emboscados de manera planificada cuando se retiraban del
sector.
“Se utilizaron artefactos explosivos, dinamita y petardos
contra los servidores públicos policiales. Son acciones de carácter criminal”,
denunció Peña Rojas, al señalar que incluso días antes ya se había reportado
una persona herida por la manipulación de explosivos, lo que evidenciaría una
preparación previa.
Tejerina subrayó además que las investigaciones preliminares
permitieron advertir el uso indebido de bienes del Estado durante los hechos,
aspecto que también será investigado. En ese contexto, llamó a las autoridades
municipales y a sectores movilizados a no promover acciones que alteren el
orden constitucional.
“Llamamos a la cordura, a la paz social y a permitir que las
instituciones trabajen de manera libre y transparente para esclarecer este
hecho”, afirmó el fiscal departamental. Además destacó que una comisión de
fiscales, autoridades del Ministerio de Gobierno, la cúpula policial y
representantes de Derechos Humanos trabajan con el fin de garantizar una
investigación objetiva y transparente.
Las autoridades aseguraron que en las próximas horas se
definirán nuevas imputaciones y medidas cautelares, mientras continúan las
pericias técnicas y la recolección de testimonios para reconstruir lo ocurrido
y establecer responsabilidades penales en uno de los episodios de violencia más
graves registrados recientemente en Cochabamba.
El Deber
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