La historia pública de Lidia Patty Mullisaca es la de un ascenso vertiginoso desde las comunidades kallawayas de Charazani hasta los círculos de poder del Movimiento al Socialismo (MAS). Durante años fue presentada como la voz firme del oficialismo para llevar a juicio a Jeanine Áñez y a Luis Fernando Camacho por la crisis de 2019. Hoy, sin embargo, enfrenta ella a la justicia, pero por un presunto daño económico al Estado en el caso Fondo Indígena.
Su trayectoria —marcada por la persistencia personal, el
activismo indígena, la polémica política y ahora la investigación penal—
retrata a una de las figuras más controvertidas del último ciclo político
boliviano.
-De empleada doméstica a maestra y dirigente kallawaya-
Nacida en Charazani, capital de la provincia Bautista
Saavedra de La Paz, Lidia Patty se crio en un contexto donde la educación
secundaria prácticamente no existía. A los 19 años migró a la Sede de Gobierno
para trabajar como empleada doméstica. Solo después pudo retornar a su
comunidad y concluir el bachillerato gracias a un programa que formaba líderes
indígenas.
“En las provincias no había educación en bachillerato… la
pelea era que no queríamos que haya patrones”, recordó en 2021 en un contacto
con los periodistas, subrayando la raíz de su activismo. En ese proceso también
aprendió a leer y escribir en quechua.
Se tituló como técnico humanístico bilingüe y trabajó como
maestra de primaria y secundaria, experiencia que moldeó parte de su identidad
pública como educadora, dirigente y defensora del ideario del MAS.
De 1994 a 1999 fue ejecutiva provincial y su camino político
comenzó a consolidarse. En 1999 fue candidata a primera concejal del MAS; en
2005 ingresó como suplente y luego asumió la titularidad. Más tarde llegaría a
la Cámara de Diputados como diputada suplente para la legislatura 2014-2019.
-Denunciante del caso Golpe I-
Siendo suplente Patty asumió como diputada titular en 2018,
en la curul de Manuel Canelas, quien ese año fue designado ministro de
Comunicación en el último gobierno de Evo Morales. Desde esa posición participó
en los debates de la crisis de 2019, cuando se anularon las elecciones, se
designó un nuevo Tribunal Electoral y se prorrogó el mandato de autoridades,
incluida Jeanine Áñez.
Paradójicamente, años después sería ella quien impulsaría la
narrativa del “golpe de Estado”. En 2020 presentó la denuncia penal que derivó
en las detenciones de Áñez, Camacho y exministros.
Su rol generó tensiones dentro y fuera del país. Opositores
la calificaron como “persecutora” de la disidencia política del MAS. Sus
propios críticos le señalaban la contradicción por haber participado de la
transición institucional que ahora describía como un golpe.
-Una cónsul observada-
En junio de 2023, Patty fue designada cónsul de Bolivia en
Puno, Perú, un nombramiento que desató controversia. La Cancillería peruana
cuestionó que ejerciera funciones sin acreditación y exigió dejar sin efecto su
designación por violar la Convención de Viena.
Desde la oposición boliviana se la acusó de operar
políticamente en la frontera sur para favorecer a Evo Morales y expandir el
proyecto Runasur, un bloque de articulación indígena que, según parlamentarios
peruanos, promovía discursos separatistas.
Tras la polémica, la Cancillería boliviana ordenó su
repliegue inmediato a La Paz. En abril de 2025 se tituló como abogada de una
universidad privada.
-De acusadora a investigada-
El giro más contundente en su trayectoria ocurrió en
noviembre de 2025 cuando se activó un caso en su contra. El fiscal Miguel
Cardozo confirmó hace pocas horas la emisión de un mandamiento de aprehensión
contra Patty por un presunto daño económico superior al millón de bolivianos.
La investigación señala que:
* Ocho proyectos financiados por el Fondo Indígena
presentaban un avance físico del 50%, pero ya habían recibido hasta el 80% de
los desembolsos, parte de los cuales habría terminado en cuentas vinculadas a
Patty.
La Fiscalía activó alerta migratoria ante la sospecha de que
no se encontraba en el país, luego de que circularan videos de un arribo en
noviembre a Viru Viru y desplazamientos reservados. Su entorno político
calificó la reactivación del caso como una “venganza política”.
El miércoles, horas antes de que se conociera la orden, la
Fiscalía y la Policía intervinieron las oficinas del Fondo Indígena en La Paz
para secuestrar documentación relacionada a los proyectos observados. “Me voy a
defender, sí. Me voy a defender como es y no escapé del país. Soy víctima del
Fondo Indígena”, declaró Patty este jueves a EL DEBER, mientras ninguno de sus
abogados atendió requirimientos periodísticos.
El Deber
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