La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) fue notificada formalmente por la Contraloría General del Estado (CGE) en el marco de la investigación por presuntos contratos de publicidad a denominados “medios fantasmas”. El proceso será atendido por la juez sumariante del legislativo departamental, a fin de coadyuvar en la investigación y establecer posibles responsabilidades administrativas y económicas.
Las supuestas irregularidades se habrían cometido durante el
segundo semestre de la gestión 2023, periodo en el que Alan Barca ejercía la
presidencia de la ALDT. Sin embargo, la denuncia recién fue presentada en
febrero de 2024 por el asambleísta Mauricio Lea Plaza ante el Ministerio
Público, instancia que en una primera etapa rechazó el caso.
Ante esta negativa, en abril de 2024 Lea Plaza interpuso un
Amparo Constitucional solicitando el acceso a la documentación vinculada a los
procesos de contratación observados. El recurso obtuvo un fallo favorable,
obligando a la presidencia de la ALDT a entregar la información requerida. A
partir de esta documentación se detectaron presuntas irregularidades en al
menos 57 procesos de contratación de publicidad, lo que derivó en la
formalización de la denuncia ante la Contraloría General del Estado.
Además de Barca, en el informe preliminar se sindica
presunta responsabilidad a otros exfuncionarios de la Asamblea, entre ellos,
Ginna Marly Tejerina Herrera, Pedro Ramón Alemán Sossa, Isabel Paredes Galeán,
Claudia Chale Pérez y Patricia Zenteno Gareca.
El actual presidente de la ALDT, Damián Castillo, señaló que
toda persona que haya generado un daño económico a la institución deberá
someterse al proceso de investigación correspondiente y, de confirmarse
responsabilidades, proceder a la devolución de los recursos observados.
Castillo señaló que si se identifica daño económico, tiene
que haber responsables y esos recursos deben ser devueltos, además no descartó
que legisladores y exfuncionarios sean convocados por el Ministerio Público
para prestar su declaración informativa.
El titular del Legislativo departamental remarcó que, si
bien los implicados ya no cumplen funciones en la Asamblea, ello no los exime
de enfrentar los procesos administrativos o legales que correspondan. “Todos
los que fueron funcionarios en ese entonces ya no están trabajando aquí, pero
eso no significa que no se les inicie el proceso. Sí o sí se les va a
instaurar”, sostuvo.
Adelantó que, de confirmarse el daño económico, las
responsabilidades podrían recaer tanto en el nivel administrativo —como la
Oficialía Mayor o la Dirección de Comunicación— como también en los
asambleístas que formaron parte de la directiva de ese periodo.
Observaciones de la Contraloría
Entre las principales observaciones realizadas por la
Contraloría General del Estado se identifican: La ausencia total de un plan de
medios, instrumento obligatorio para definir criterios de selección y
distribución de los recursos destinados a publicidad institucional.
La falta de parámetros técnicos para determinar los montos
económicos asignados a cada proveedor; la contratación de páginas y espacios
digitales sin vigencia real, catalogados como medios inexistentes o inactivos;
la suscripción de contratos sin documentación idónea que permita corroborar la
naturaleza, funcionamiento y capacidad de los supuestos medios.
El otorgamiento de beneficios exclusivos a un medio
televisivo del municipio de Yacuiba, sin respaldo ni justificación técnica; la
identificación de posibles vínculos de parentesco entre servidores públicos
involucrados en los procesos de contratación y algunos de los medios
beneficiados; el incumplimiento del Decreto Supremo 181 y del Reglamento
Específico de Contrataciones de la ALDT.
El País
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