El decreto debe ser promulgado y, según los opositores, es para aquellos detenidos que tienen sentencia ejecutoriada.
Sin contar los votos, el secretario de la Cámara de
Senadores, Roberto Padilla, declaró “más de dos tercios” para la aprobación del
decreto de indulto presidencial que trató el pleno de la Asamblea la noche de
este jueves, 16 de octubre, mientras el diputado Carlos Alarcón (CC) denunciaba
que este decreto beneficiará a delincuentes con sentencia por narcotráfico y no
así a los detenidos preventivos.
“¿Qué dice este decreto presidencial de indulto? Dice:
"Se concede el beneficio de indulto a la persona privada de libertad que
cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada y pena privativa de libertad
igual o menor a 10 años", o sea que aquí no estamos hablando de detenidos
preventivos, sino de condenados ejecutoriados (…) dice que están excluidos los
delitos de sustancias controladas tipificados en la Ley 1008 y la Ley del
Régimen de la Coca, cuya sentencia sea mayor a 10 años, mayor a 10 años de
privación de libertad”, dijo alarmado Alarcón en su alocución ante el pleno.
La Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre las
condiciones de reclusión y el hacinamiento en los penales de Bolivia y pidió
tomar medidas. Según su informe, el 52% de la población carcelaria tiene
detención preventiva, lo que revela una retardación de justicia sin
precedentes.
El Gobierno apuró un nuevo decreto de indulto presidencial
y, según Alarcón, solo beneficiará a las personas que estuvieron involucradas
en narcotráfico en el gobierno del MAS. Asimismo, dijo que algunos de los
acusados pueden beneficiarse sin haber estado en prisión ni un solo día.
Pese a los cuestionamientos que lanzó, la mayoría de los
senadores y diputados que asistieron a la sesión decidieron aprobar el decreto
que establece condiciones para que las personas puedan acceder al mismo.
El Deber
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