La Cámara de Diputados instaló este jueves una sesión ordinaria de la Legislatura del Bicentenario 2024-2025 con el análisis de proyectos considerados prioritarios, entre ellos el anteproyecto de Ley 547/2024, que busca otorgar un alivio temporal a deudores de vivienda social y pequeños prestatarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas defendió la
propuesta en un comunicado, señalando que se trata de una medida “temporal,
específica y responsable” que "no compromete la estabilidad del sistema
financiero". La norma suspende por seis meses embargos y sentencias
judiciales contra prestatarios de vivienda social, y difiere el pago de cuotas
en ese mismo plazo también para micro y pequeños prestatarios.
Objeciones del sector financiero
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la
Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin)
expresaron su profunda preocupación por el proyecto. Según el gremio, un
diferimiento automático y obligatorio “comprometería la estabilidad del sistema
financiero, al afectar la función esencial de canalizar los depósitos de
millones de ahorristas hacia la actividad productiva y el consumo de las
familias”.
“Una disposición como esta forzaría una inevitable
restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables, en
un momento de crítica situación económica”, advirtió Asoban en un comunicado.
Las asociaciones recordaron que, bajo la normativa vigente,
las entidades ya pueden atender de manera individual los casos de prestatarios
con dificultades a través de mecanismos de refinanciamiento y reprogramación de
deudas, lo que consideran más adecuado que una medida generalizada.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio subrayó que el impacto del diferimiento no
superaría el 3% de la cartera total. Como antecedente, recordó que en 2020 el
diferimiento alcanzó el 10,4% y que, a julio de 2025, se redujo al 1,4%, lo que
a su juicio refleja una “sólida cultura de pago”.
Además, destacó que las entidades financieras cerraron 2024
con utilidades récord de más de 389 millones de dólares, lo que les permitiría
afrontar la medida sin riesgos para su solvencia.
El ejecutivo sostiene que la iniciativa responde a los
efectos de bloqueos, fenómenos climáticos y conflictos sociales, y la presenta
como una acción que protege la vivienda de miles de familias y la continuidad
de micro y pequeñas unidades productivas, consideradas motor de la economía.
El debate legislativo recién comienza en la Cámara de
Diputados, con un escenario de posiciones enfrentadas entre quienes ven en la
ley un alivio necesario para los prestatarios y quienes alertan sobre sus
efectos en el sistema financiero.
El Deber
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