Simpatizantes y detractores del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, protestaron por tercer domingo consecutivo en varias ciudades del país, en plena escalada de tensión entre los tres poderes y con la pandemia del coronavirus descontrolada.
Esta nueva jornada de manifestaciones llega en un momento en el que Brasil es el segundo país con más muertes (42.720) y contagios (850.514) por COVID-19 después de Estados Unidos, y con la mayoría de estados y municipios centrados en una arriesgada reapertura.
Los contrarios a Bolsonaro, reunidos en torno a movimientos sociales, antifascistas y antirracistas, marcharon en Sao Paulo contra la "política genocida" del mandatario durante la emergencia sanitaria y su retórica "autoritaria".
Los seguidores del líder ultraderechista, quien sostiene que el COVID-19 es una "gripecita" y asegura tener de su lado al "pueblo" y las Fuerzas Armadas, volvieron a pedir en Brasilia el "cierre" del Parlamento y el Congreso, y una "intervención militar".
Aunque las protestas están lejos de ser masivas como las de 2013 y 2014, sí elevan la polarización en este país de 210 millones de habitantes que lidia al mismo tiempo con una crisis sanitaria, otra política y una económica de efectos aún inconmensurables.
EL BOLSONARISMO GOLPEA LA PUERTA DE LOS CUARTELES
Unos pocos centenares de simpatizantes del jefe de Estado se congregaron en la sede del Comando General del Ejército, en Brasilia, con pancartas como "SOS Fuerzas Armadas", "Intervención militar con Bolsonaro en el poder" y "Nueva alianza anticomunista".
El bolsonarismo decidió concentrarse frente al cuartel general del Ejército después de que el Gobierno de Brasilia cerrase la Explanada de los Ministerios con el objetivo de evitar aglomeraciones.
Esta amplia avenida donde se concentran los edificios del poder público brasileño ha sido el escenario en las últimas semanas de protestas similares que han contado en muchas ocasiones con la participación de Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército.
Tildados de "antidemocráticos" por la oposición, estos actos son objeto de una investigación que supervisa el Supremo y que intenta esclarecer la identidad de sus verdaderos promotores y su fuente de financiación.
Por otro lado, un grupo autodenominado "300 por Brasil", formado por una treintena de activistas ultras, ocupó el sábado la cúpula del Congreso durante unos minutos y, por la noche, lanzó fuegos artificiales en dirección a la sede del Supremo, en una nueva acción intimidatoria contra esos dos poderes.
Hace dos semanas, ese colectivo protagonizó un acto de sesgo neonazi al marchar con antorchas contra el Supremo y que evocó a movimientos supremacistas blancos de Estados Unidos como el Ku-Klux-Klan.
Bolsonaro, cuyo Gobierno tiene un marcado acento militar, mantiene un pulso con los poderes Legislativo y Judiciario, que han suspendido o matizado algunas de sus más polémicas medidas, como la liberación de armas a la población civil.
El mandatario recordó el viernes en una nota oficial que las Fuerzas Armadas están bajo "su autoridad suprema", según dicta la Constitución, y que éstas "no cumplen órdenes absurdas", como "la toma del poder", ni tampoco aceptan "tentativas" por parte de otros poderes basadas en "juicios políticos".
La declaración se produjo poco después de que un juez del Supremo delimitase las funciones de los militares.
Bolsonaro es investigado por la Fiscalía por supuestas injerencias ilegales en la Policía Federal y afronta otro caso en la Justicia Electoral que en último extremo podría anular su triunfo en las elecciones de 2018 por la diseminación de noticias falsas durante su campaña.
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