Cinthia Zurita, responsable del Slimn de Yacuiba, informó que la denuncia fue formalizada el 2018 y se programó la audiencia de medidas cautelares en fecha 29 de enero de 2019.
El caso corresponde a un hecho de violencia psicológica y amenazas ocurrido a finales de 2018. El acusado estuvo prófugo por un año pero logró ser aprehendido y llevado a su audiencia de medidas cautelares, donde la autoridad jurisdiccional determinó su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva El Palma.
Cinthia Zurita, responsable del Servicio Legal Integral Municipal (Slim) de Yacuiba, informó que la denuncia fue formalizada el 2018 y se programó la audiencia de medidas cautelares en fecha 29 de enero de 2019, a la cual el acusado no compareció por lo que fue declarado en rebeldía.
“Desde aquel entonces el presunto agresor se encontraba prófugo y se tenía un mandamiento de aprehensión. Luego de hacer el seguimiento respectivo entre la Felcv y el Ministerio Público se logró su captura y la audiencia de medidas cautelares se llevó adelante el pasado lunes”, indicó Zurita.
Explicó además, que en la imputación presentada por la Fiscalía, se pedía medidas sustitutivas a la detención preventiva, situación que fue rechazada por la parte legal del Slim.
“Nosotros como Slim hemos solicitado la detención preventiva, ya que amerita de acuerdo a los antecedentes que se tiene dentro de este proceso, en base al trabajo de seguimiento realizado por las trabajadoras sociales, informes psicológicos, además de antecedentes penales de esta persona, es así que en base a todos estos fundamentos se demostró el peligro que puede ocasionar el sindicado tanto a la sociedad como a la víctima, por lo que el juez determinó la detención preventiva en la cárcel de El Palmar”, detalló la responsable del Slim.
Según los antecedentes de este caso, el sindicado constantemente realizaba violencia psicológica contra la víctima, amenazas contra su vida, incluso habría ingresado al domicilio e intentado desconectar las cámaras de vigilancia.
“Se ha podido demostrar al juez que estando el presunto agresor en libertad, podría llegar a agredir a la víctima, inclusive más allá de poder registrase un hecho de feminicidio. Eran expareja pero hay un vínculo en común porque tienen hijos”, añadió.
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