Miguel Salazar, secretario de Gestión Institucional, informó que una vez obtenido el documento que certifica la sanción de la norma, iniciarán una demanda penal contra los asambleístas que aprobaron la Ley que redistribuye el 45% de las Regalías Departamentales que le corresponde al Gran Chaco.
Entre los presuntos delitos que se habrían cometido
mencionó: “incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y resoluciones
contrarias a la Constitución y la ley”, detallando que el equipo jurídico del
Gobierno Regional trabaja en la redacción de la demanda, con el respaldo de
organizaciones sociales y del Comité Cívico del Chaco.
A criterio de Salazar, la ley del 45% responde a intereses
políticos de algunos asambleístas que buscan protagonismo de cara a las
próximas elecciones subnacionales y sostuvo que la norma carece de sustento
legal, ya que una Asamblea Departamental no puede modificar el Estatuto
Autonómico Regional.
Asimismo, cuestionó la celeridad con la que los legisladores
tramitaron la remisión de la ley al gobernador y denunció que se pretende
confundir a la población con una medida “sin efecto jurídico” advirtiendo que
el Gobierno Regional exigirá al Ministerio Público la investigación de todos
los involucrados en el proceso de aprobación de la norma.
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