Una doctora fue condenada por la justicia venezolana a la pena máxima de prisión por enviar un audio a un grupo de WhatsApp en el que criticaba a Nicolás Maduro.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la
legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y
violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65
años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró
a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las
elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio
por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el
estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar
en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que
atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo
Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado
pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
"Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a
la casa y le dijeron a mi mamá: 'Acompáñenos'. Ella no quería ir, pero los
policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y
por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella", le contó a BBC
Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos
simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras
amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de
gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos
judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de
expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades
venezolanas advierten que "no es absoluto".
La excusa para la invasión
"Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela
y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere
invadir".
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al
condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de
traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la
médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena
máxima? "Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro)
y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras
sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos",
narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era
"subido de tono" , pero negó que su madre cometiera un delito.
"Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar
cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera", aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del
Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más
moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de
combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue
militar en realidad persigue "un cambio de régimen" en Venezuela.
"Así como usted sufre, las personas que están en el
Gobierno también sufren", le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el
relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que
estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó
su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía
venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las
peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto
durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la
justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la
doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que
"existe peligro de fuga" y porque "pudiera influir en los
testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad
de los hechos y la realización de la justicia".
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro
del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que "buscarían" a todo
aquel que respaldara una invasión.
"Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro
país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como
venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer",
alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron
a BBC Mundo que "era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en
algunas partes". Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el
artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la
Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
"Quien públicamente o mediante cualquier medio apto
para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación
o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su
pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso,
político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género
o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a
veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los
daños causados", establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la
crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen
que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos
por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están
vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la
organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se
produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50
años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un
grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de
gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería
de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de
prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No
obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que
es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por
evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o
constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab,
admitió que la polémica legislación contra el odio tenía "un carácter
preventivo educativo y disuasivo".
"La libertad de expresión no es un derecho absoluto,
tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula", advirtió
un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
"Este caso evidencia que la falta de independencia del
sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa
funcionando como parte del aparato represivo del Estado", denunció a BBC
Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio "restringe
severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un
fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática", De
Mees aseguró a BBC Mundo que "la aplicación de esta ley en casos como el
descrito confirma el clima de miedo y autocensura" reinante en el país y
"desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las
fronteras de Venezuela".
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el
fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
"Para que se dé el delito de incitación al odio el
mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo
contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su
propio sufrimiento", explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de
traición y conspiración.
"La conspiración implica intentar modificar la forma
republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con
la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con
naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya
aliado con nadie", agregó.
"Con este tipo de sentencias el gobierno quiere
quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada,
quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de
ninguna naturaleza.
El caso de la doctora condenada en Venezuela a 30 años de
cárcel por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp
Agencias
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