Los fiscales Javier Gorena y Mario Durán ingresaron esta tarde a las instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) donde se debe realizar el allanamiento de las oficinas donde trabajaban los cinco exmagistrados. El acto se realiza dentro del 'caso autoprorrogados’ que presentaron las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura.
De igual modo se conoció que dos de los autoprorrogados,
Yván Espada y Karem Gallardo presentaron la renuncia a sus cargos de manera
irrevocable; aunque sus funciones fueron cesadas desde el martes en la tarde
por decisión de dos salas constitucionales.
“Lo que vamos a realizar es un actuado investigativo del
registro del lugar del hecho, hemos identificado unas dependencias a las cuales
vamos a ingresar con apoyo de laboratorio de la Fiscalía, así como del
investigador asignado al caso, vamos a ingresar para tomar contacto, hay un
requerimiento emitido dirigido a la presidencia del Tribunal Constitucional y
se delega a un funcionario para el ingreso en este momento”, explicó el fiscal
Javier Gorena antes de ingresar al edificio.
Hace una semana las magistradas Paola Prudencio y Amalia
Laura presentaron una denuncia penal contra los cinco autoprorrogados: Gonzalo
Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo, por los
delitos de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres. La denuncia fue
admitida por la fiscalía e inició investigaciones contra las exautoridades.
Este miércoles se procedió al registro del lugar y el fiscal
Gorena dijo que no está previsto el secuestro de material en el allanamiento
del lugar porque se trata de la investigación preliminar.
La actual presidenta del TCP, Verónica Prudencio, dijo en su
posesión que los cinco exmagistrados ya no venían por sus oficinas salvo para
algunas de sus reuniones internas y que esas oficinas estaban sin utilizar.
El magistrado Ángel Davalos Rojas dijo que las cinco
oficinas serán cerradas hasta que la fiscalía determine qué sucederá con la
documentación que hay dentro y que intentaron sacarla el martes, cuando dos
salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz, cesaron en sus mandatos a los
exmagistrados.
En la Asamblea los legisladores del oficialismo adelantaron
que los cinco exmagistrados ya no pueden ser llevados a un juicio de
responsabilidades, porque sus mandatos cumplieron el tiempo que establece la
Constitución Política del Estado (CPE) y en los últimos dos años sus actos ya
fueron ilegales porque carecían de privilegio constitucional; por tanto deben
ser juzgados en la vía ordinaria.
El Deber
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