ANF
El empresario que denunció al coronel Maximiliano Dávila,
señala que le pidieron 200 mil dólares extra para cerrar una denuncia por
presunta legitimación de ganancias ilícitas. Otro uniformado con rango de
capitán también es procesado
Maximiliano Dávila, director nacional de la Fuerza Especial
de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) está siendo sometido a una
investigación, luego de ser denunciado por extorsión por el empresario Wilson
Sahonero. La Fiscalía ha prohibido al uniformado salir del país.
Parte del requerimiento fiscal de la Policía establece como
medida preventiva, que Dávila no podrá gozar de vacaciones, ni ser declarado en
viajes de comisión, para garantizar su presencia para que se sustancie el
proceso disciplinario.
El requerimiento además dispone que el acusado sea destinado
a una unidad de Cochabamba para que se someta a las investigaciones de este
caso.
Dávila y otros efectivos antidroga fueron denunciados por
cobrar 300 mil dólares a Sahonero a cambio de cerrar un proceso, supuestamente
armado, por legitimación de ganancias ilícitas. El caso había sido abierto el
2015, cuando Dávila era director departamental de la Felcn de Cochabamba.
El empresario asegura que pagó el monto acordado y además le
secuestraron otra suma importante de dinero.
El proceso se cerró, pero después Dávila habría influido
para que se reabra el caso y supuestamente solicitó 200 mil dólares adicionales
para dejar sin efecto la causa, señaló Ludwin Ledezma, abogado de Sahonero.
El empresario se habría negado a ser nuevamente extorsionado
y procedió a denunciar el hecho. De ese modo, acusó a Dávila y otros
uniformados por consorcio y extorsión en la vía penal. Además, interpuso la
denuncia en la vía disciplinaria.
El fiscal de la Policía abrió investigaciones contra Dávila
y otros policías por faltas graves con retiro o baja definitiva (artículo 14 de
la Ley 101).
Los uniformados son sindicados por recibir como consecuencia
de las funciones policiales, dádivas y otros beneficios personales; ordenar,
instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos; destruir,
modificar, alterar, extraer o utilizar de forma dolosa información de la
Policía Boliviana, sea en medios físicos o informáticos; y expedir o presentar
certificados o copias legalizadas de documentos falsos o alterados en su
contenido.
"Se cita personalmente a los investigados, coronel
Maximiliano Dávila Pérez y capitán Luis Prieto Marañón para que presten su
declaración informativa en compañía de su abogado defensor", refiere el
requerimiento del fiscal policial.
La Fiscalía de la Policía inició la investigación de este
caso, y según norma se tiene un plazo de 15 días calendario, que podría
ampliarse, para la colección de indicios contra los sindicados.
La resolución fiscal fue emitida el 5 de agosto y el plazo
corre, desde el momento de la notificación de las partes.
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