EFE
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) asistió en la mañana del lunes a la cuarta sesión del juicio oral en el que se le acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en la adjudicación de obra pública durante su mandato.
En la audiencia, que comenzó poco antes de las 10 hora local (13 GMT) en los tribunales federales de Buenos Aires, se prosigue con la lectura de los cargos fundamentados por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Como ya es habitual, la actual senadora y precandidata a la Vicepresidencia del país para las elecciones de octubre próximo no habló ante la prensa y se colocó junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila de asientos destinada a los acusados.
Más adelante se ubicaron los ya detenidos exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.
Detrás, separados por un vidrio, se ubican espectadores que llegaron para apoyar a la exmandataria.
El lunes pasado no asistió a la tercera audiencia del juicio -que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2)- al justificar que tenía actividad parlamentaria en el Senado, la única situación para la que el juzgado la autorizó a ausentarse en las primeras sesiones, en las que se leen las acusaciones.
Esta es la primera vista oral que enfrenta Fernández, que es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas de Báez, excolaborador y amigo de la pareja.
Según la acusación, en los 12 años de mandatos kirchneristas se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total en ese distrito, muchas de las cuales quedaron inacabadas, tuvieron sobreprecios o eran innecesarias.
A su vez, por otras causas ya investigan el posible retorno de esos supuestos millonarios sobreprecios al matrimonio presidencial a través del alquiler de propiedades inmobiliarias de los Kirchner al propio Báez.
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) asistió en la mañana del lunes a la cuarta sesión del juicio oral en el que se le acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en la adjudicación de obra pública durante su mandato.
En la audiencia, que comenzó poco antes de las 10 hora local (13 GMT) en los tribunales federales de Buenos Aires, se prosigue con la lectura de los cargos fundamentados por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Como ya es habitual, la actual senadora y precandidata a la Vicepresidencia del país para las elecciones de octubre próximo no habló ante la prensa y se colocó junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila de asientos destinada a los acusados.
Más adelante se ubicaron los ya detenidos exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.
Detrás, separados por un vidrio, se ubican espectadores que llegaron para apoyar a la exmandataria.
El lunes pasado no asistió a la tercera audiencia del juicio -que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2)- al justificar que tenía actividad parlamentaria en el Senado, la única situación para la que el juzgado la autorizó a ausentarse en las primeras sesiones, en las que se leen las acusaciones.
Esta es la primera vista oral que enfrenta Fernández, que es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas de Báez, excolaborador y amigo de la pareja.
Según la acusación, en los 12 años de mandatos kirchneristas se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total en ese distrito, muchas de las cuales quedaron inacabadas, tuvieron sobreprecios o eran innecesarias.
A su vez, por otras causas ya investigan el posible retorno de esos supuestos millonarios sobreprecios al matrimonio presidencial a través del alquiler de propiedades inmobiliarias de los Kirchner al propio Báez.
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