El debate sobre el futuro de la subvención a los carburantes ha comenzado a instalarse en la agenda política del nuevo Gobierno, y en Tarija ya surgieron voces legislativas que respaldan su levantamiento, siempre y cuando se ejecute de forma gradual y con medidas de compensación que protejan a los sectores más vulnerables.
El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC),
Horacio Calizaya, manifestó su intención de trabajar desde la Asamblea
Legislativa Plurinacional para mejorar el sistema de transporte en el país. Con
una amplia trayectoria en este sector, el parlamentario señaló que uno de sus
principales objetivos será promover la renovación del parque automotor,
fortalecer la seguridad vial y garantizar un servicio de mayor calidad para la
población.
Calizaya calificó el tema de la subvención a los
combustibles como “delicado” y aseguró que su equipo de economistas ya analiza
alternativas para enfrentar esta situación. Explicó que la propuesta en la que
trabajan consiste en levantar la subvención de manera gradual, con el fin de
evitar un impacto negativo en los hogares bolivianos.
El legislador enfatizó que cualquier ajuste en el precio de
los carburantes debe ir acompañado de incentivos al sector productivo, para
fomentar la generación de empleo y fortalecer la economía nacional. En esa
línea, mencionó que incluso sectores como el transporte pesado respaldan la
idea de una revisión paulatina de la política de subvenciones.
Por su parte, el diputado por la alianza Unidad, Gabriel
Covera, coincidió en que la eliminación del subsidio debe realizarse de manera
progresiva y responsable, tomando en cuenta la coyuntura económica del país.
Corvera indicó que no se va a respaldar medidas de shock. Ya
que el levantamiento de la subvención tiene que ser transitorio, con una
planificación que no afecte la economía de las familias ni el desarrollo
productivo.
Covera subrayó que la clave estará en mantener la
estabilidad económica y la comunicación transparente entre el Gobierno y la
población, para evitar reacciones sociales adversas como las ocurridas en
anteriores gestiones cuando se intentó ajustar los precios de los combustibles
sin la debida socialización.
El País
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