Aunque la ley de diferimiento de créditos ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, su aplicación aún no se ha hecho efectiva, lo que ha generado molestia en el sector gremial. El presidente de la Federación de Gremiales de Tarija, Juan Carlos Vargas, denunció que las entidades financieras continúan sin aplicar la normativa porque la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) no ha emitido la notificación oficial que instruya a los bancos su cumplimiento.
“La ASFI es la única mediadora para autorizar a los bancos y
hacer que esta ley se cumpla. Ya está publicada, pero sin la notificación
oficial, las entidades financieras no pueden aplicarla”, explicó.
El dirigente sostuvo que la falta de acción de la ASFI ha
dejado a miles de comerciantes en incertidumbre, especialmente en un contexto
de inestabilidad económica por la falta de dólares, el encarecimiento de los
combustibles y la baja actividad comercial en los últimos meses.
Vargas lamentó que, pese a los anuncios del Gobierno sobre
la promulgación de la norma, los gremiales continúan recibiendo presiones de
los bancos para cumplir con sus obligaciones crediticias. Señaló que el sector
esperaba una pronta respuesta tras la publicación en la Gaceta Oficial, pero
hasta el momento no hay avances concretos.
Mencionó que existe preocupación en el sector gremial,
porque esta ley debía dar un respiro. Esto debido a que esperaban que el país
mejore y se restablezca, porque no solo ha sido el tema de los carburantes,
también ha sido la falta de dólares.
El dirigente enfatizó que el diferimiento de créditos por
seis meses es una medida necesaria para que los pequeños comerciantes puedan
reorganizar sus finanzas y mantener sus actividades productivas sin caer en
mora. Sin embargo, insistió en que todo depende de la reglamentación que debe
emitir la ASFI.
“La reglamentación debía cumplirse de inmediato. La ASFI
tenía que sacar la autorización y hacerlo efectivo, porque afecta al
microcrédito, que es el que más golpea a los pequeños comerciantes”, subrayó
Vargas.
Consultado sobre el alcance de la norma, el representante de
los gremiales aclaró que el diferimiento no implica una condonación de deudas,
sino una postergación temporal de los pagos por un periodo de seis meses.
Vargas sostuvo que esta medida podría aliviar
momentáneamente las cargas financieras del sector, pero sin una mejora en el
acceso a divisas y combustibles, la situación seguirá siendo crítica.
El dirigente gremial también cuestionó la gestión del
gobierno saliente, al que calificó de “nefasto” por la forma en que manejó los
problemas económicos del país, especialmente en materia de carburantes y
escasez de dólares.
El País
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