La Gobernación de Tarija atraviesa uno de sus momentos más críticos en la última década. La abrupta reducción de los ingresos por renta petrolera ha generado un cúmulo de obligaciones que supera ampliamente la capacidad financiera institucional. El propio gobernador, Oscar Montes, ha reconocido que “los pasivos son más altos que los ingresos” y que el margen de maniobra es cada vez menor.
En octubre, la Gobernación reveló tener ingresos mensuales
de 20,8 millones de bolivianos, de los cuales la mayor parte se destina al pago
de deudas heredadas (6,2 millones), salarios (6 millones) y programas sociales.
Tras cubrir gastos de salud, mantenimiento de caminos y transferencias
municipales, la entidad departamental apenas logra conservar 114.000
bolivianos, un monto insuficiente incluso para emergencias menores.
-Un mar de obligaciones sin respaldo financiero-
Las demandas hacia la Gobernación se han multiplicado en los
últimos meses. Entre estos sectores se encuentra la Asamblea Legislativa
Departamental de Tarija (ALDT), que solicita mayor asignación presupuestaria
para garantizar su funcionamiento regular, piden medio millón de bolivianos.
A esto se suma la presión del sector salud, que exige el
pago del Bono Vacunación, una deuda que asciende a 11 millones de bolivianos y
que ha motivado movilizaciones constantes en los últimos meses.
Otro conflicto estalló recientemente en la Casa de la
Cultura, donde trabajadores ingresaron en huelga de hambre tras haber trabajado
todo el año sin recibir su salario. La falta de liquidez ha impedido los obligó
a parar.
Pero el mayor frente de presión proviene del sector
campesino, que demanda el cumplimiento del Programa Solidario Comunal (Prosol).
Este beneficio requiere 32 millones de bolivianos para atender a 340
comunidades habilitadas, pero hasta ahora solo se desembolsaron 7 millones,
quedando un saldo pendiente de 25 millones.
-Montes admite la crisis-
El gobernador Óscar Montes reconoce que la Gobernación se
encuentra en una situación límite.
“No hay el recurso necesario”, sostuvo al referirse a la
deuda del Prosol, que asciende a 32 millones. “Solo desembolsamos 7 millones y
esperamos entregar otros 7 antes de fin de año”.
Montes también reveló que enfrentan procesos judiciales que
agravan la situación. “Me llegó un proceso por 18 millones que debo pagar en
tres días. ¿De dónde?”, cuestionó.
Según la autoridad, la Gobernación recibe actualmente 20
millones de bolivianos al mes, de los cuales cerca de la mitad se destina al
pago de fideicomisos contraídos en gestiones anteriores, dejando un margen muy
limitado para atender nuevas obligaciones.
El presupuesto departamental para esta gestión asciende a
140 millones de bolivianos, una cifra que, según Montes, es tres veces menor al
presupuesto de la Alcaldía de Tarija.
“¿Por qué piensan que la Gobernación tiene que seguir
financiando algo? Si ya no es como cuando la Gobernación tenía 160 millones por
mes, hoy solamente recibimos 10 millones”, expuso.
-Leyes sin financiamiento-
Montes cuestionó que exista un paquete de 90 leyes
departamentales que demandan más de 460 millones de bolivianos, recursos que
simplemente no existen, y que pese a pedir a la ALDT revisar estas normas,
hasta ahora no hubo respuesta.
En cuanto al Prosol, el gobernador recordó que la norma
establece que el programa debe contar con financiamiento del Gobierno Nacional
y aportes municipales, algo que no se cumple. “La única institución que ha
financiado el Prosol al 100% ha sido la Gobernación. Hoy ya no lo podemos
hacer”, afirmó.
También criticó que algunos legisladores que rechazaron el
proyecto de ley de ajuste presupuestario ahora incentiven al sector campesino a
presionar por recursos que no están disponibles.
-Campesinos se niegan a renunciar al Prosol-
A pesar de las dificultades económicas que ha expuesto la
Gobernación, desde la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de
Tarija (FSUCCT) se niega a renunciar al beneficio del Programa Solidario
Comunal (Prosol).
El ejecutivo de la FSUCCT, Herber Quispe, mencionó que ante
la falta de desembolsos de recursos por parte de la Gobernación, están enviando
una invitación a que pueda participar en el ampliado campesino para el 21 de
noviembre para informar sobre cuál va a ser el monto que desembolsará hasta fin
de año.
Quispe manifestó que son 32 millones de bolivianos que se
requieren, hasta la fecha se desembolsaron 7 millones y queda el saldo de 25
millones.
“Él tiene que ver la manera más prudente para poder cumplir
con la ley correspondiente”, dijo Quispe a tiempo de señalar que en la reunión
que han sostenido este jueves ya se lo dejó la invitación formal para que pueda
asistir al ampliado.
El dirigente indicó que también van a esperar una respuesta
formal por parte de la Gobernación y a partir de ello analizar qué postura
asumir.
Quispe manifestó que como sector campesino mantienen el
estado de emergencia, pero siempre con la predisponibilidad de coordinar con
las autoridades de todos los diferentes niveles de gobierno para que se cumpla
con lo establecido de acuerdo con las necesidades que tienen las comunidades.
“Se debe desembolsar el 100% de los recursos, eso lo hemos
dicho al Gobernador, esa es la postura del sector campesino”, indicó.
El dirigente señaló que en caso de no haber una respuesta
favorable para el sector, en el ampliado campesino no descartan definir si
asumen medidas de presión en demanda del pago del Prosol.
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