Los subsidios, el desplome de la producción y el agotamiento de los megacampos anticipan un desafío mayúsculo para el presidente Rodrigo Paz. Advierten que el modelo es insostenible y que Bolivia deberá importar gas y GLP si no atrae inversión
La gestión del presidente Rodrigo Paz, metafóricamente,
recibirá una bomba de tiempo en el campo energético. Los pocos datos
transparentes muestran que en 2024 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) cerró con desequilibro financiero a raíz de la cadena de
subsidios que generaron una pérdida de Bs 11.711 millones, evaporados en
subsidios, costos logísticos y precios congelados.
A primera vista, según los documentos, YPFB cierra la
gestión 2024 con una cifra que parece alentadora: una utilidad neta de Bs
1.093,7 millones, más del doble de los Bs 418,3 millones registrados en 2023.
Pero debajo de ese aparente repunte financiero se esconde un dato mucho más
preocupante: las ventas en el mercado interno generaron pérdidas por Bs 11.711
millones. En otras palabras, la estatal petrolera pierde dinero cada vez que
vende combustible dentro del país.
El Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo
2023–2024, documento oficial de la empresa, muestra que, aunque los números
totales del balance cerraron en positivo, el corazón operativo del negocio
sigue en rojo. YPFB continúa vendiendo gasolina, diésel, GLP y posiblemente gas
natural a precios por debajo de su costo real de importación, refinación y
distribución. La diferencia se cubre con subsidios estatales que se han
convertido en un drenaje financiero de magnitud creciente.
Costos
El documento revela que en 2024 el subsidio al diésel
importado alcanzó los Bs 6.357 millones, una ligera baja del 15% respecto a los
Bs 7.503 millones de 2023. Pero este alivio parcial se ve anulado por otros
rubros que aumentaron: el subsidio al petróleo crudo pasó de Bs 155,7 millones
a Bs 538,8 millones, un salto del 246%, y los gastos por insumos y aditivos
subieron un 8,3%, hasta Bs 5.145 millones.
Esto arroja un resultado lapidario: una pérdida consolidada
de Bs 11.711 millones por ventas nacionales, cifra que, aunque menor a la de
2023 (Bs 13.783 millones), sigue siendo insostenible para cualquier empresa.
Esa pérdida equivale a más de la mitad del presupuesto del Ministerio de
Educación y a tres veces lo que el país destina a Salud.
El panorama externo tampoco ofrece mucho alivio. Las ventas
de exportación —principalmente de gas natural— cayeron de Bs 15.103 millones en
2023 a Bs 12.277 millones en 2024, una reducción del 18,7%, mientras que la
utilidad por exportación se contrajo un 42%, hasta Bs 949,9 millones
En síntesis, una menor producción de gas, el agotamiento de
los megacampos y los contratos menos rentables con los países vecinos reducen
los ingresos en divisas. Esto agrava la dependencia de YPFB de su mercado
interno, el mismo que le genera las mayores pérdidas.
El riesgo es doble: Yacimientos puede terminar
financieramente debilitada y el Estado con un gasto insostenible. Según
proyecciones de economistas independientes, el costo total del subsidio
energético —sumando diésel, gasolina y gas— ronda los Bs 12.000 millones
anuales, cifra que equivale al 3% del PIB nacional.
Baja producción
Raúl Velásquez, economista e investigador de la Fundación
Jubileo, sostuvo que la producción de gas natural ha caído un 54% en la última
década, una disminución que afecta tanto las exportaciones como el mercado
interno y que ya proyecta desafíos urgentes para los próximos años.
“La mitad de la producción se destina al mercado interno,
valorada a un precio promedio de 1,30 dólares por millón de BTU, mientras que
la exportación llega a 6,40 dólares”, explicó Velásquez.
Este desbalance genera un doble efecto negativo: menores
regalías e ingresos fiscales y un precio interno que no refleja el valor real
del recurso. La situación se complica aún más con la caída del gas enviado a
Argentina y la subutilización de la planta separadora de líquidos de Gran
Chaco, lo que anticipa la necesidad de importar GLP en 2026 y gas natural a
partir de 2028 si no se adoptan medidas urgentes.
El especialista advierte que mantener los subsidios actuales
es inviable a largo plazo. La garrafa de GLP, vendida hoy a Bs 22,50, podría
costar alrededor de Bs 170 si se importara, lo que plantea un dilema sobre cómo
mantener la protección a los consumidores residenciales sin comprometer la
sostenibilidad fiscal.
Velásquez también enfatizó que la crisis energética no solo
se debe a la gestión reciente, sino a un modelo rentista y estatista que data
de décadas, reforzado por la presión social tras la guerra del gas de 2003. “El
nuevo Gobierno asume un país con necesidades urgentes: importación de diésel,
gasolina y GLP, ajustes en la política de subvenciones, liberalización de
importaciones y búsqueda de diversificación de la matriz eléctrica”, advirtió.
Para revertir la caída de la producción de gas, se necesitan
grandes inversiones (megacampos) que no pueden implementarse de inmediato, por
lo que Velásquez propone atraer capital privado de riesgo. La nueva ley de
hidrocarburos debe garantizar competitividad para captar inversión extranjera
frente a la competencia regional de Argentina, Colombia y Guyana.
“YPFB está quebrada”
El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, lanzó una dura
advertencia: YPFB está prácticamente quebrada y desangrada, y si no se
interviene de inmediato, el país podría enfrentar un colapso energético en los
próximos años. Ríos, quien desde 2013 viene alertando sobre la caída sostenida
de la producción, aseguró que la estatal petrolera se ha convertido en el
epicentro del deterioro del sector.
“El gobierno del MAS ignoró todas las advertencias. YPFB fue
manejada políticamente, con corrupción y sin transparencia, difundiendo una
falsa bonanza energética bajo discursos como ‘mar de gas’ o ‘corazón energético
de Sudamérica’”, afirmó.
Según el exministro, la empresa fue usada como instrumento
político, más mediático que productivo, lo que terminó confundiendo a la
población sobre la verdadera situación del país.
Ríos sostuvo que YPFB acumula pérdidas millonarias y opera
con una estructura sobredimensionada, con unas 8.000 personas en planilla y
subsidiarias ineficientes. Citó como ejemplo la planta de urea, que “anda más
parada que operativa” y no podrá sostenerse sin gas en el futuro.
En sus últimos actos como jefe de Estado, el expresidente
Luis Arce defendió la política energética de su administración y aseguró que se
están dando pasos concretos para resolver el déficit de producción. “Nosotros
hemos corregido el error de no haber hecho exploración y de no cuidar la
nacionalización de los hidrocarburos. Nuestro gobierno ha ejecutado 54
proyectos de exploración”, afirmó durante un acto público en San Julián, Santa
Cruz.
Arce recordó que los problemas de abastecimiento comenzaron
antes de su gestión, cuando los campos petroleros y gasíferos ya mostraban una
declinación. “Desde el primer día hemos trabajado para resolver
estructuralmente el problema que el país ya tenía antes de que nosotros
lleguemos al Gobierno”, señaló.
Según el mandatario, de los 54 proyectos de exploración
ejecutados, 18 han sido exitosos, con hallazgos importantes como Mayaya, en el
norte de La Paz; y Churuma y Los Monos, en Tarija.
Pero la magnitud del
subsidio energético y el peso del déficit fiscal dejan poco margen de maniobra
al nuevo gobierno. El futuro de Bolivia dependerá menos de los discursos y más
de la capacidad de atraer inversiones.
El Deber
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