En un comunicado conjunto, el 31 de octubre, las entidades financieras advirtieron que un diferimiento generalizado y automático alterará el flujo de recursos del sistema financiero y provocará una reducción significativa de la liquidez, con el consiguiente riesgo de que las entidades reduzcan la otorgación de créditos
El Órgano Ejecutivo promulgó este miércoles la Ley 1670, más
conocida como “Ley de Diferimiento de Créditos”, norma sancionada por la
Asamblea Legislativa Plurinacional que permitirá a 1,4 millones de prestatarios
optar por un diferimiento de hasta seis meses en el pago de sus créditos y
suspender temporalmente embargos y ejecuciones judiciales vinculadas a esos
créditos.
La medida que cerró oficialmente la gestión de los órganos
Legislativo y Ejecutivo 2020–2025, fue celebrada por movimientos de
prestatarios y sectores que piden alivios para microempresas, transportistas y
hogares golpeados por la contracción económica.
El nombre completo de la nueva normativa publicada este
miércoles en la Gaceta Oficial de Bolivia es: Ley 1670 excepcional de
suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos
judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de
créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades
económicas de tamaño micro y pequeña.
Sin embargo, la norma había sido rechazada por la Asociación
de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras
Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo (Finrural). En un comunicado conjunto, el 31 de
octubre, dichas entidades advirtieron que un diferimiento generalizado y
automático alterará el flujo de recursos del sistema financiero y provocará una
reducción significativa de la liquidez, con el consiguiente riesgo de que las
entidades reduzcan la otorgación de créditos a familias, emprendedores y
empresas.
Las asociaciones pidieron que cualquier alivio sea
focalizado y acompañado de mecanismos compensatorios.
Los bancos deberán establecer los mecanismos para habilitar
a los prestatarios (siempre que cumplan condiciones que determine la ley) y la
Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) deberá publicar el respectivo
reglamento. La cifra que más pesa en el debate es la de 1.400.000 prestatarios
potencialmente incluidos en la medida, dato que explica por qué la norma genera
preocupación en la banca y expectativa entre amplios sectores de la población.
El Deber
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