El Periódico/
Ante la conmoción generada en la ciudad de Bermejo, por el feminicidio de Carla M. (14), quien fue secuestrada el pasado viernes y encontrada sin vida EL miércoles, autoridades departamentales y la ciudadanía local arremetieron contra la Subgobernación del lugar, ya que, gran parte de las cámaras de vigilancia que fueron pagadas con un fideicomiso al Gobierno Departamental, no funcionan.
Ante la avalancha de críticas, el subgobernador de Bermejo, Never Vega, explicó que del total de 300 cámaras de vigilancia que fueron adquiridas mediante un contrato entre la institución y la empresa que se adjudicó el proyecto, DATA-BOL, 106 no están en funcionamiento debido a que “necesitan mantenimiento”.
El contrato entre las partes, comprende también la adquisición de tres drones y botones de pánico que fueron instalados en la ciudad fronteriza. El proyecto tuvo un costo de Bs 20 millones.
Ante el informe de Vega, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, afirmó que los recursos económicos fueron dispuestos por el Gobierno Departamental, mediante un fideicomiso aprobado por el Legislativo.
El asambleísta departamental, Pablo Colque, corroboró que existían “dificultades económicas” para la cancelación total del monto adeudado a la empresa proveedora.
Ante la conmoción generada en la ciudad de Bermejo, por el feminicidio de Carla M. (14), quien fue secuestrada el pasado viernes y encontrada sin vida EL miércoles, autoridades departamentales y la ciudadanía local arremetieron contra la Subgobernación del lugar, ya que, gran parte de las cámaras de vigilancia que fueron pagadas con un fideicomiso al Gobierno Departamental, no funcionan.
Ante la avalancha de críticas, el subgobernador de Bermejo, Never Vega, explicó que del total de 300 cámaras de vigilancia que fueron adquiridas mediante un contrato entre la institución y la empresa que se adjudicó el proyecto, DATA-BOL, 106 no están en funcionamiento debido a que “necesitan mantenimiento”.
El contrato entre las partes, comprende también la adquisición de tres drones y botones de pánico que fueron instalados en la ciudad fronteriza. El proyecto tuvo un costo de Bs 20 millones.
Ante el informe de Vega, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, afirmó que los recursos económicos fueron dispuestos por el Gobierno Departamental, mediante un fideicomiso aprobado por el Legislativo.
El asambleísta departamental, Pablo Colque, corroboró que existían “dificultades económicas” para la cancelación total del monto adeudado a la empresa proveedora.
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