Acompañaron el evento de socialización de la normativa legal que entrará en vigencia, el gobernador regional, José Quecaña; el viceministro de Justicia Indígena Originario Campesino, Gilvio Janayo; la subprocuradora de Supervisión e Intervención, Anrriela Salazar; la representante departamental de la Defensoría del Pueblo, María Paredes; y el representante del Colegio de Abogados, Fernando Castillo.
Las jornadas fueron organizadas por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Fiscalía Departamental de Tarija y el Ilustre Colegio de Abogados, con el objetivo de analizar y reflexionar sobre la Ley de emergencia que reemplaza a la Ley abrogada por intereses políticos, que debía aliviar el sufrimiento de la gente ocasionado por los cuellos de botella que impone el sistema penal boliviano.
El ministro, en su exposición, abordó los seis ejes de la norma: la simplificación de las notificaciones, la limitación a la detención preventiva, el afianzamiento de la oralidad en el proceso penal, el ajuste competencial, la actividad procesal y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Por otro lado, el personero de Estado, informó que los eventos de socialización se llevan adelante en todo el país, con el objetivo de asumir en forma responsable las tareas de implementación para una adecuada aplicación de la norma que entrará en vigencia para efectivizar los procedimientos, hacerlos expeditos y garantizar los derechos humanos de las personas que enfrenten procesos penales.
“Con la Ley 1173 queremos revolucionar la justicia penal para brindarle a la población boliviana esa justicia efectiva, con calidad y calidez”, señaló Héctor Arce, a tiempo de concluir con su exposición.
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