El Periódico
El día de ayer en horas de la mañana el fiscal departamental Aymoré Álvarez, informó de una imputación formal en contra del gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, Gustavo Donaire Garcia, Luis López Gonzales, Rene Aguilar Serrano y Horacio Flores Cabero funcionarios del Servicio Departamental De Caminos Tarija – Sedeca, por presunta comisión de delitos de uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.
Así mismo Álvarez aseguró que la segunda imputación seria formalizada en contra de Eduardo Cortes Arnold y Adrián Oliva Alcázar, por daño lesivo al Estado por presuntas irregularidades de proyectos camineros.
En el primer caso se investiga el presunto sobreprecio en la compra de llantas, esto debido a que se habría adjudicado a una empresa que tenía los costos más altos y que adicionalmente no reunían los requisitos.
La imputación presenta contra Adrián Oliva, sostiene una presunta comisión del ilícito de uso indebidos de influencias y contratos al Estado, que según el Código Penal está previsto y sancionado en el artículo 146 y 221.
En el segundo caso se investiga la compra de cemento asfaltico para un tramo caminero que ya había sido entregado.
El supuesto daño económico al Estado por parte del Gobernador Adrián Oliva, según señala la denuncia sería 686.000 de bolivianos.
En ese sentido el fiscal Aymoré Álvarez señaló que se está a la espera de la fecha para la audiencia cautelar, así mismo indicó que el Ministerio Público pide medidas sustitutivas a la detención preventiva.
El día de ayer en horas de la mañana el fiscal departamental Aymoré Álvarez, informó de una imputación formal en contra del gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, Gustavo Donaire Garcia, Luis López Gonzales, Rene Aguilar Serrano y Horacio Flores Cabero funcionarios del Servicio Departamental De Caminos Tarija – Sedeca, por presunta comisión de delitos de uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.
En el primer caso se investiga el presunto sobreprecio en la compra de llantas, esto debido a que se habría adjudicado a una empresa que tenía los costos más altos y que adicionalmente no reunían los requisitos.
La imputación presenta contra Adrián Oliva, sostiene una presunta comisión del ilícito de uso indebidos de influencias y contratos al Estado, que según el Código Penal está previsto y sancionado en el artículo 146 y 221.
En el segundo caso se investiga la compra de cemento asfaltico para un tramo caminero que ya había sido entregado.
El supuesto daño económico al Estado por parte del Gobernador Adrián Oliva, según señala la denuncia sería 686.000 de bolivianos.
En ese sentido el fiscal Aymoré Álvarez señaló que se está a la espera de la fecha para la audiencia cautelar, así mismo indicó que el Ministerio Público pide medidas sustitutivas a la detención preventiva.
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