Ivar Villarroel, ex director de Autonomías, desnudó los errores en el que incurre el SEA; es más, asegura que ha extralimitado sus facultades, generando ingobernabilidad y desinstitucionalización en la autonomía regional, además de vulnerar los derechos políticos de las autoridades electas.
Villarroel explicó las autoridades del Gran Chaco fueron electos cuando la Ley lo permitía. Cualidad que no perdieron con la aplicación del Estatuto Departamental en su condición de subgobernadores, ni cuando fueron designados por la Asamblea como ejecutivos de desarrollo en cumplimiento de la Ley 927.
“La Ley es demasiada clara y no genera ningún tipo de interpretación, puesto que los considera como candidatos únicos para ser ejecutivo regional y ejecutivos seccionales. Además, señala que para que exista un nuevo órgano ejecutivo del Gran Chaco tiene que haber una nueva elección”, acotó.
En ese sentido, aclaró que la Ley 927 lo único que hace es establecer un mecanismo para que funcione la autonomía regional, mediante una designación que no les quita la cualidad electa a las autoridades, además de establecer con claridad que sólo ellos pueden conformar el órgano ejecutivo.
Por otro lado, afirmó que la Ley 1270 fue sometida a un control de constitucionalidad y la declaratoria en su análisis integral establece que todas las autoridades ejecutivas y legislativas deben prorrogar su el mandato para que no exista un vacío de poder y dar continuidad a la gestión público.
Finalmente, dejó sentado que de prosperará una decisión de cesar a las autoridades, la Asamblea estarían violando la Ley 927 y los derechos políticos de las autoridades. Derechos que pueden ser restituidos en 24 horas por un amparo constitucional, además de ser susceptibles de una denuncia por el delito de resoluciones contrarias a la Ley.
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