Desde que se lanzó la convocatoria para las elecciones generales del 3 de mayo, el escenario político boliviano ha sido testigo de varias situaciones de agresiones físicas, verbales y advertencias de impedir el ingreso a determinadas tiendas políticas.
Los Tiempos registró al menos 10 zonas del país donde se dieron hechos de intolerancia en cinco departamentos (ver infografía): Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Oruro.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus grupos de choque y simpatizantes, se ha encargado de promover hechos violentos, amén de defender sus considerados bastiones.
Muestra de ello es que, en las dos últimas semanas, la ciudad de El Alto fue escenario de hostigamiento a los adversarios políticos del MAS, entre ellos los candidatos de las alianzas Creemos, Luis Fernando Camacho a la presidencia y Marco Pumari a la vicepresidencia, además de Juntos, Jeanine Añez y Samuel Doria Medina.
“Lamentablemente, el MAS desde 2005 su accionar se caracterizó por excesos, agresiones, violencia para impedir a sus zonas denominadas ‘rojas’, estamos hablando del Plan 3.000 en Santa Cruz, el Chapare, El Alto, Potosí, zonas rurales en diferentes departamentos”, dijo el analista Paul Antonio Coca. Aseveró que esto “no es correcto porque todos tienen derecho a la expresión y hacer campaña por todo el territorio boliviano”.
Pero no sólo el MAS promovió acciones intolerantes. No obstante, la advertencia de no permitir hacer campaña también va para el MAS. Por ejemplo, el dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, advirtió que no permitiría el ingreso del candidato a senador por Cochabamba del MAS, Andrónico Rodríguez, a los Yungas paceños. Sin embargo, llegado el momento el dirigente del trópico cochabambino llegó a este sector y pudo hacer su actividad política.
Esta confrontación también se da entre los partidos denominados opositores al MAS.
No faltan los ataques verbales, sobre todo en Santa Cruz, de los candidatos de Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y Juntos, por el supuesto uso de bienes del Estado, o por último promover un fraude.
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