La Semana Santa que acaba de terminar, pese a que se invoca la paz
ciudadana, el perdón y el arrepentimiento como proclamaba el hijo de Dios,
siguió el ánimo de una feroz revancha injustificable. Se habían cometido
injustas detenciones, como la de la expresidente Jeanine Áñez, y dos de sus
ministros. Otros miembros del anterior Gabinete han eludido, hasta ahora, su
apresamiento. El cargo que se les imputa es haber participado en un inexistente
golpe de Estado en noviembre de 2019, cuando, en realidad, ante las protestas
masivas de los ciudadanos por el fraude electoral, el entonces presidente
renunció y salió del país.
La interrupción del llamado “proceso de cambio” proclamado por
Movimiento al Socialismo, contradijo lo que sus adherentes proclamaban: “Hemos
llegado, no como inquilinos, sino para quedarnos”, lo que parecía una
resolución definitiva. Y para intentar lograrlo, hubo muertos, encarcelados y
enjuiciados por una administración de justicia totalmente sumisa al poder
político. Pero la gente los venció en las calles.
El 2020 fue un año difícil. La pandemia del coronavirus llegó con fuerza
a nuestro país. En esa condición era poco prudente que la Presidente interina
llame a elecciones con anticipación. Y lo hizo en noviembre de 2020. El MAS
presentó la candidatura presidencial del exministro de Economía, Luis Arce
Catacora, que obtuvo la mayoría de votos. El nuevo presidente no tuvo ningún
reparo en afirmar que, bajo su gobierno, el país se orientará hacia el modelo
socialista cubano, lo que implica un régimen de partido único y de férreo
control de la actividad política.
De todas maneras, ante la permanencia de los jueces y fiscales,
nombrados por el gobierno de Evo Morales, muy pronto se reeditó lo sucedido
entre 2006 y 2019. Human Rights constató que en el gobierno de Morales,
"la fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos, en
casos que parecían estar motivados por razones políticas". El problema de
la justicia boliviana no es nuevo. "Es un fenómeno que se ha mostrado en
los 14 años de Gobierno de Evo Morales”.
Y ahora se conocen las intenciones de continuar con la persecución
judicial. “El jefe de la bancada del MAS en el Senado, Luis Flores, solicitó al
Ministerio de Desarrollo Productivo, la lista de “personas que ocuparon cargos jerárquicos
y de libre nombramiento, incluidos ministros, viceministros, directores
generales, jefes de unidad y responsables o coordinadores de Área durante la
gestión de Jeanine Añez”. Esto da idea de lo que se propone, pues se mencionan
supuestos delitos de funcionarios que no son masistas. La caza de brujas
continuará.
Además, el propio presidente Arce amenaza a las autoridades de las
regiones del país, que si no coordinan (acatan órdenes sin chistar) con el
poder central, no se les enviará vacunas contra la Covid-19. Todo es válido
para el poder, hasta el chantaje o la mentira, como atribuir a EEUU la
intención de apoyar el cambio de gobierno para apropiarse del litio boliviano.
El autor fue embajador de Bolivia.
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