El debate sobre el acceso a la atención médica en Argentina para los extranjeros, especialmente para los bolivianos, ha ganado relevancia tras la firma de un decreto por parte del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Este decreto establece que los extranjeros que visiten la provincia deberán contribuir económicamente a los gastos generados por su atención médica en los hospitales públicos, con el objetivo de garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño.
La medida ha generado preocupación en autoridades y la
población tarijeña, especialmente porque muchos ciudadanos de esta región en
algún momento han buscado atención médica gratuita en Argentina, especialmente
en el norte del país.
Según datos del Ministerio de Salud salteño, los hospitales
públicos han atendido a 3.800 extranjeros en tan solo los últimos tres meses,
lo que representa hasta el 10% de su presupuesto anual. Sin embargo, tras el
anuncio de que se cortará la gratuidad de servicios el número de consultas de
habitantes de países limítrofes habría disminuido a la mitad.
De acuerdo a una encuesta realizada por El País, se conoce
que no todos los casos han recibido atención gratuita, ya que algunos pacientes
han optado por pagar por un servicio que consideran de mejor calidad. Varias personas entrevistadas por El País han
elogiado la calidad de la atención médica en Argentina y han resaltado las
excelentes condiciones, equipamiento y tratamiento adecuado para diversas
enfermedades.
Según La Nación, los costos por atención médica seguirán el
nomenclador de la obra social local, el Instituto Provincial de Salud (IPS),
que varían desde $5.000 (Bs. 40) por consulta hasta $250.000 (Bs. 2.039) por un
día en cama de terapia. Aunque estos costos pueden no significar mucho para los
bolivianos debido al tipo de cambio, autoridades tarijeñas consideran que esto
puede dejar sin atención a muchos pacientes, especialmente a aquellos de
escasos recursos.
Al respecto, el subgobernador de Bermejo, Franz Gutiérrez,
también expresó su preocupación por los costos en salud pública y privada en
Argentina que significará a la larga, pese a que muchas personas, especialmente
de la zona fronteriza, tienen carnet argentino y puedan recibir atención
gratuita. Aunque también reconoce que una gran mayoría de los bolivianos pagan
en clínicas privadas.
Ante esta situación, autoridades cívicas y políticas de
Tarija han instado al presidente Luis Arce a negociar con el Gobierno argentino
la renovación del convenio de reciprocidad de salud, pese a que para las
autoridades argentinas “nunca existió reciprocidad” para los ciudadanos su país
que buscaban atención médica en Bolivia.
Reducen viajes a Argentina por tratamiento de cáncer
Carolina Solares, miembro del directorio de la Fundación Luz
de Esperanza en Tarija, reveló a El País que los viajes a Argentina en busca de
tratamiento por cáncer infantil han disminuido notablemente desde hace tres
años, tras la designación de un médico oncólogo en Tarija.
Reveló también que anteriormente, la atención en Argentina
para niños con cáncer era totalmente gratuita. Las familias debían pagar
únicamente sus gastos de viaje y hospedaje, incluso algunas fundaciones
ofrecían alojamiento a familias migrantes durante el tiempo necesario para el
tratamiento.
Solares destacó que, en los últimos años, la Fundación ha
brindado apoyo a 25 familias, de las cuales entre cinco y ocho personas
recibieron tratamiento médico en Argentina. Sin embargo, reconoce que los
cambios y anuncios de recorte en la asistencia médica en Argentina plantea
nuevos desafíos para las familias tarijeñas afectadas.
Hace menos de un mes, desde el gobierno argentino se anunció
la interrupción de las tareas de la Dirección de Asistencia Directa por
Situaciones Especiales (Dadse), un programa creado en 2016 para ayudar a
pacientes con enfermedades urgentes y sin cobertura sanitaria. Esta medida
afecta especialmente a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y
autoinmunes.
De momento, los residentes extranjeros con residencia legal
aún tienen acceso gratuito al sistema de salud, pero el Gobierno busca medidas
para regular la atención de los extranjeros con residencia argentina pero fuera
del país.
El País
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