Han pasado 15 años desde el asalto al Hotel Las Américas (16 de abril de 2009) de Santa Cruz de la Sierra y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió al menos 12 denuncias contra el Estado boliviano por violar los derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros. Cada proceso tiene un avance distinto y hay uno que está a punto de llegar a juicio.
El director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos
y Justicia, Rubén Darío Cuéllar, indicó a EL DEBER que aunque “es muy difícil
precisar cuántas denuncias hay porque el procedimiento ante la CIDH, es
personal y reservado”, se conoce que por lo menos una docena de estas denuncias
fueron admitidas en todo este tiempo.
“Son alrededor de 12 las peticiones que ya tienen informe de
admisibilidad. Eso significa que la CIDH se encuentra estudiando con mayores
antecedentes que le pide tanto al Estado como a la parte denunciante, si han
sucedido las violaciones a los derechos humanos denunciadas en la petición. En
caso afirmativo, la CIDH emite el ‘informe de fondo’ en la que recomienda a los
estados tomar una serie de medidas para remediar la violación de los derechos
humanos”, explicó el experto en derechos humanos.
La CIDH hace un reporte cuando admite el informe de
admisibilidad de la “petición”, así se denomina la denuncia que se eleva ante
esta entidad internacional interamericana.
Los casos
Entre los casos que ya tienen informe de admisibilidad está
el que presentó un grupo de cinco personas: Mario Francisco Tadic Astorga, Elöd
Tóásó, Alcides Mendoza Mazaby y Juan Carlos Guedes Bruno, admitido en febrero
de 2018. Junto a ellos, la madre de Michael Martin Dwyer, uno de los tres
hombres asesinados en el Hotel Las Américas.
También fueron admitidas por la CIDH las denuncias o
peticiones del expresidente de Cotas, Ronald Castedo Allerding cuya denuncia
fue admitida por la CIDH, en marzo de 2016. Otro caso es el del actual
presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko
Matkovic Ribera, cuya petición ya fue admitida el 25 de septiembre de 2022. El
caso avanza lento.
Los otros casos admitidos son el de Hugo Paz Lavadenz, del
exdirigente cívico Branko Marinkovic, el de Ronald Enrique Castedo Allerding,
de junio de 2021; el de Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, admitida en
junio de 2021; el de Juan Carlos Santistevan López y familiares, de septiembre
de 2021.
Primer informe de fondo
El primer informe de fondo que emitió la CIDH, tras admitir
la petición en 2018, por violación a los derechos humanos en el caso
Terrorismo, fue hace tres años, el 21 de diciembre de 2021, por la petición que
presentaron “Mario Francisco Tadic Astorga y otros / Bolivia”, informe CIDH,
número. 394/21 – Caso 13546.
En dicho informe, la CIDH dice: “La Comisión concluye que el
Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida,
integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección
judicial, en perjuicio de las víctimas identificadas en el presente informe”.
La CIDH hizo cuatro recomendaciones al Estado boliviano,
entre las que están: Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos.
Adoptar las medidas de compensación económicas y satisfacción; Disponer las
medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación
de las víctimas; iniciar una investigación penal para esclarecer los hechos,
identificar a los responsables e imponer sanciones por las graves violaciones
de derechos humanos. Hasta la fecha, el Estado boliviano no cumplió ninguna de
las recomendaciones.
El 8 de marzo, el procurador general del Estado, César
Adalid Siles Bazán, indicó que el Gobierno nacional no logró un acuerdo con la
familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer. Considera que el monto que pide
la familia de dos millones de dólares, es “muchísima plata” para el Estado. “La
que nos ha trabado y posiblemente nos imposibilite cumplir todas las
recomendaciones (de la CIDH) es la indemnización económica”, dijo Siles.
El informe de la CIDH indica, que el irlandés, que en ese
entonces tenía 25 años, fue ejecutado con seis disparos, uno en el pecho y
cinco en la espalda.
De la CIDH a la Corte-IDH
En el caso de que el Estado no cumpla las recomendaciones de
la CIDH, o la entidad considere que las reparaciones no son suficientes y la
víctima merece una reparación más integral, la CIDH lleva el caso como denuncia
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH), proceso que es
largo.
El abogado Gary Prado indicó que lo más probable es que este
año, la CIDH emita los otros informes de fondo y unifique todos los casos en un
solo proceso contra el Estado boliviano, dado que son denuncias o peticiones
sobre el mismo caso.
“No tendría sentido denunciar una causa por cinco (víctimas)
y después por otro y por otro. Lo más lógico es que se acumulen todas porque
son violaciones ocurridas en el mismo contexto, es decir, en el caso de
supuesto terrorismo, salvo, el caso de Michel Dwyer que fue ejecutado. Las
otras violaciones de derechos humanos son las mismas”, afirmó Prado a EL DEBER.
Para el jurista es prácticamente un hecho que la CIDH envíe
todas estas denuncias a la Corte – IDH, tomando en cuenta el incumplimiento a
las recomendaciones en el primer caso denunciado.
Caso hotel Las Américas
La madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la
Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía boliviana,
ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto
piso e irrumpió en sus habitaciones disparando sus armas de fuego.
Como consecuencia Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y
Michel Dwyer resultaron muertos; Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
Las cámaras de seguridad del hotel, dice la CIDH, fueron
apagadas desde el 15 de abril, cuando ingresaron las presuntas víctimas.
Tampoco hubo internet desde las 3:10 de la madrugada, minutos antes del
operativo y el servicio fue restablecido a las 9:00 de la mañana.
El Deber
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