El Ministerio Público presentó este lunes la acusación formal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, varios de sus excolaboradores, además, de exjefes militares y policiales, por las muertes de Sacaba y Senkata durante la crisis de 2019.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la
acusación, en ambos casos, es por el delito de genocidio y que se está pidiendo
una pena máxima de 30 años de cárcel.
Sacaba
El 15 de noviembre de 2019, un grupo de marchistas
proveniente del Trópico de Cochabamba fue impedido en su paso en el puente
Huayllani, de Sacaba, donde, según confirmó Lanchipa, "fue reprimido
violentamente por un contingente policial y militar que se encontraba
desarrollando operaciones conjuntas".
Señaló que en el hecho perdieron la vida 10 personas por
impactos de proyectiles de armas de fuego y "múltiples personas"
resultaron heridas en las mismas condiciones.
"La ciudadana Jeanine Áñez tomó contacto con el alto
mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, en el instante mismo en
el que los operativos conjuntos se desarrollaban en el municipio de
Sacaba", aseguró Lanchipa.
Añadió que estos hechos se encuentran debidamente
acreditados con los elementos de prueba que se colectaron en el proceso
investigativo y que ahora forman parte de las pruebas.
Según el fiscal, se recibieron 180 entrevistas informativas
de efectivos militares, 110 entrevistas de funcionarios policiales y la
declaración de 120 personas civiles que participaron en la marcha.
También se recopiló "una cantidad considerable de las
pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios
de campaña, etcétera, que suman 350 (y que serán presentadas) en el juicio oral
(junto a) 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos,
18 dictámines periciales, entre otros elementos", detalló
Es así que se ha formulado la acusación fiscal en contra de:
la expresidenta Áñez; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Arturo
Murillo, exministro de Gobierno; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe
de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor de
las FFAA; Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB); Moisés Orlando Mejía, excomandante de la Armada Boliviana; Iván Patricio
Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Aldo Bravo Méndez, exinspector de
las FFAA; Alfredo Cuéllar Mercado, excomandante del CEO Cochabamba; Genero
Ramos Espinoza, excomandante de la Séptima División del Ejército; Óscar Armando
Caba Hurtado, excomandante de la Segunda Brigada Aérea; Boris Cristian Pastor
Paz, excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; Franz
Vargas Gonzales, exsubcomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa
Antiaérea 92; Danny Osvaldo Cuadro Rojas, excomandante del Regimiento de
Infantería Aerotransportada 18 'Victoria'; Israel Rojas Valverde, exjefe del
Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita; Rodolfo Antonio Montero, excomandante
general de la Policía Boliviana; Jaime Edwin Zurita Trujillo, excomandante
departamental de la Policía de Cochabamba.
"Todos ellos (son acusados) por la comisión del delito
de genocidio (...) y a la conclusión del juicio oral se solicitará una sentencia
condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad",
confirmó.
Senkata
El 19 de noviembre de 2019 ocurrió otro hecho con muertos y
heridos, pero en la zona Senkata de la ciudad de El Alto. Al igual que en
Sacaba, efectivos policiales y militares operaron de manera conjunta en el
sector en contra de un grupo de manifestantes que impedía la salida de
combustibles de la planta de YPFB.
En "esta operación se ejecutó 31 acciones
desproporcionadas de represión, a través del uso de armas y municiones de
guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros, aviones, en
contra de manifestantes civiles desarmados", señaló.
En el hecho perdieron la vida otras 10 personas y también
hubo heridos, "todos por el impacto de proyectiles de armas de fuego.
(Entonces) tal cual como acontenció en Sacaba, (hubo) el incumplimiento de los
principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad (...)
para el uso de la fuerza", sostuvo.
En el proceso investigativo, según el fiscal, se colectaron
alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes
técnicos. Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de
las FFAA, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las
víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos.
Con todo ello, el Ministerio Público también procedió a
acusar por genocidio a la expresidenta Áñez; Arturo Murillo, exministro de
Gobierno; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Víctor Hugo Zamora,
exministro de Hidrocarburos; Luis Fernando Valverde, exdirector de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las
Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor; Aldo Bravo
Méndez, exinspector de las FFAA; Moisés Orlando Mejía, excomandante de la
Armada Boliviana; Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB); Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército;
Franco Orlando Suárez, excomandante de la Mecanizada 1; Julio César Tamayo
Rivera, exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Miguel Eduardo
Santiesteban, exsubcomandante del Regimiento de Satinadores 1 "Germán
Busch" de Challapata; Alfredo Mario Irrazabal Guzmán, exsubcomandante de
la Escuela de Cóndores de Bolivia; Rodolfo Antonio Montero, excomandante
general de la Policía Boliviana; Julio William Cordero, excomandante
departamental de la Policía de La Paz; Eloy Iván Rojas, excomandante regional
de la Policía de El Alto.
Asimismo, "se solicitará la imposición de una sentencia
condenatoria con la pena máxima de 30 años" en contra de los acusados,
informó.
El Deber
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