El Deber
El ministro de la Presidencia explicó las características de
la medida. Resalta el trabajo que realiza Jeanine Áñez en beneficio de la
población, mientras otros “bloquean”.
Un reglamento especificará a quiénes beneficiará la Ley de
diferimiento del pago de créditos, promulgada anoche por la presidenta Jeanine
Áñez. El Gobierno anticipa que la gran mayoría de los sectores en el país se
beneficiarán de la disposición.
En conferencia de prensa, desde la Casa Grande del Pueblo,
el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, resaltó que es la tercera vez que
se posterga la cancelación de las obligaciones que la población adquirió con
entidades bancarias, mismas que serán convocadas para analizar el alcance de la
medida.
Afirmó que el Ejecutivo será “responsable” de especificar
los beneficiarios, pero recalcó que serán “las familias más necesitadas”,
recordando, sin embargo, que hay grandes emprendimientos productivos que no
pararon durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“Hay que llevar adelante el diferimiento de manera
inmediata, hay empresas grandes que no han dejado de trabajar, no se les puede
poner en la misma bolsa, hay personas que no ha dejado de trabajar, será una
reglamentación la que defina a quiénes llegará, porque la gran mayoría necesita
el diferimiento”, afirmó el titular.
El anuncio lo hizo la presidenta Jeanine Áñez en los últimos
minutos, por lo que las entidades financieras deben activar sus mecanismos y
automáticamente diferir los pagos de los prestatarios
Recalcó que será el Ministerio de Economía la instancia que
convoque a las entidades financieras y a otros sectores para consensuar la
reglamentación de la ley, que contempla “el diferimiento automático del pago de
las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otro tipo de gravámenes
del sistema crediticio nacional, desde la declaratoria de emergencia por la
pandemia del coronavirus al 31 de diciembre”.
Núñez dijo que “está claro quienes luchan por la vida y
quienes se dedican a bloquear”, anticipando que se evalúan las otras normas
aprobadas por el Legislativo, que benefician a la población, para promulgarlas
si no son contrarias a la Constitución.
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