El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó hoy que la resolución que anula el cierre del año escolar es una decisión política y no así jurídica.
“Es una resolución política, no jurídica. (…) La actitud de la Sala Constitucional después del bloqueo de caminos es otra maniobra coordinada desde Buenos Aires”, aseguró.
Indicó que la resolución de la anulación fue gestionada por abogados, diputados y autoridades afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). No descartó presentar denuncias penales contra los vocales.
Ratificó que el Gobierno no permitirá el retorno a las clases presenciales porque pone en riesgo la vida de los estudiantes, maestros y plantel administrativo.
Indicaron que, como Ministerio de Educación, presentaron un memorial de aclaración y enmiendas de la resolución que da 10 días dicha cartera para presentar un plan educativo.
“Quieren que en 10 días hagamos lo que no han hecho en 14 años”, expresó.
Aseguró que la clausura del año es para las actividades administrativas, por lo que la educación debe continuar en la modalidad virtual y a larga distancia mediante radio y TV.
Ayer, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dejó sin efecto la resolución ministerial 050/2020 que clausura el año escolar. El Ministerio de Educación respondió que esta decisión debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por lo que no es “definitiva ni final”.
Dirigentes del magisterio denunciaron que esta decisión crea aún mayor caos e incertidumbre en la educación y aseveraron que es una “chacota”, por lo que exigieron que se aclare la situación.
La Sala Constitucional tomó la decisión después de dos acciones populares presentadas por la diputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y la Defensoría del Pueblo, en contra de los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por la medida asumida desde el Gobierno el pasado 2 de agosto.
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